Aprobadas las bases para garantizar la calidad en la enseñanza universitaria

Ayer, 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Universidades, el Real Decreto que establecerá las bases para garantizar la calidad en la enseñanza universitaria. Esta medida, de carácter retroactivo, hará que las universidades, ya sean públicas o privadas y de modalidad presencial, virtual o híbrida, tengan que adaptarse a determinados requerimientos de calidad establecidos para todo el sistema universitario.

En nuestra opinión, la alta temporalidad en las plantillas docentes hará que universidades públicas incumplan con las exigencias del Real Decreto que regula la creación de universidades. 

*         La falta de precisión, claridad y criterios homogéneos tampoco ayuda a la hora de considerar y evaluar la actividad investigadora o la cualificación del personal docente e investigador

*         CSIF comparte la filosofía de poner coto a la proliferación sin control de universidades privadas

Accede en el siguiente enlace a la información del Ministerio de
Universidades acerca de que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para garantizar la calidad de la enseñanza universitaria»:

Bases para garantizar la calidad universitaria

Más de la mitad de las universidades españolas (32 públicas y 13 privadas según un reciente estudio del Observatorio del Sistema Universitario) superan el máximo del 40% de temporalidad permitido por la ley. En concreto, los centros públicos superan actualmente por seis puntos porcentuales el tope de contratos temporales permitidos según el nuevo RD que ayer aprobó el Consejo de Ministros. 

CSIF advierte que esta situación, fruto de las políticas de recortes de los últimos años cuya herramienta restrictiva clave fue la tasa de reposición, aún está muy lejos de ser revertida. Por mucho que Castells se refiera continuamente al asunto, tampoco el Ministerio de Universidades ha hecho absolutamente nada para acabar con los escandalosos datos de precariedad y temporalidad en las universidades públicas españolas. Muy al contrario, su propuesta de crear una carrera laboral paralela a la funcionarial puede agravar estas situaciones inaceptables .

El tiempo sigue pasando y muchos meses más transcurrirán hasta la hipotética aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, al parecer se presentará en otoño y cuya aprobación en el Parlamento se anuncia para 2023. Entretanto, continuarán sin resolverse los problemas de precariedad e inestabilidad del profesorado laboral (ahí sigue sin solución la situación de miles de profesores asociados), seguiremos sin un Estatuto del PDI que defina una carrera académica estable y predecible, sufriremos la escasa financiación, el mantenimiento de la tasa de reposición y los obstáculos burocráticos de la investigación.

La falta de precisión, claridad y criterios homogéneos tampoco ayuda a la hora de considerar y evaluar la actividad investigadora o la cualificación del personal docente e investigador. En este escenario de altísima temporalidad habrá que ver la repercusión que tendrá en un futuro inmediato en las universidades públicas el requisito del 50% de doctores para grados y másteres.

Además, analizando las disfunciones y disparidades de criterios y vista su dependencia del poder político, el sindicato considera peligroso que las agencias de calidad autonómicas sean las únicas garantes del cumplimiento de las exigencias contenidas en el Real Decreto.

Por otro lado, CSIF ya pidió poner coto a la proliferación sin control de universidades privadas que cada año incrementan exponencialmente su negocio y su número de alumnos, superando ya el 20% del total de estudiantes de las universidades españolas. El volumen de negocio de las 34 universidades privadas y 110 escuelas de negocios se situó en 2.575 millones de euros en 2019 según el último estudio del Observatorio Sectorial DBK. 

Nuestro sindicato denuncia que mientras las universidades privadas disfrutan de este escenario favorable, la universidad pública ha perdido un 4% de su personal desde 2008 y la financiación pública ha caído un 22%. En CSIF compartimos la filosofía de demandar para las universidades privadas -también para la UOC- los mismos requisitos y exigencias que para las universidades públicas. 

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