El Gobierno lo niega «categóricamente» y asegura que se sigue aplicando la normativa aprobada en 2008 y que solo se han dado instrucciones sobre los funcionarios de prácticas

ABC ECONOMÍA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido por Meritxell Batet, ha decidido limitar los días de asuntos propios de los empleados públicos (6 días por año, por regla general), y que se conocen popularmente como «moscosos», al condicionarlos al tiempo trabajado efectivamente. En concreto, han asegurado que se estarían prorrateando (limitando) estos días para los casos de excedencias por violencia de género y los funcionarios de nuevo ingreso. Un extremo que han negado categóricamente desde el Gobierno, así como UGT y Comisiones Obreras. «Ni recorte ni sorpresa», ha contestado a preguntas de ABC, el secretario de Estado de Función Pública José Antonio Benedicto Iruiñ.

Como alega Función Pública, el único cambio que ha incorporado el Ministerio es que el periodo de prácticas de los funcionarios de nuevo ingreso, que en algunos departamentos es de unos meses y en otros un año, no compute a efectos de calcular el moscoso que se da a los seis trienios, es decir, con 18 años de antigüedad. En algunos departamentos se contabilizaba y en otros no, por lo que Función Pública ha decidido aplicar el criterio general de que no compute.

Al respecto, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto Iruiñ ha apuntado en declaraciones a ABC, que el Acuerdo de la Comisión Superior de Personal de 17 de diciembre de 2018 interpreta lo referente «a los moscosos solo de funcionarios de nuevo ingreso, que no entren el 1 de enero», y que estos criterios no son aplicables a «en ningún caso» a empleados públicos que ya están trabajando. En cualquier caso, ha añadido el secretario de Estado, este respondía la consulta de un organismo público. 

«Los funcionarios que empiezan a trabajar tienen el derecho a vacaciones y moscosos proporcional al tiempo de servicio a la administración desde su ingreso hasta final de año», se ha reafirmado el máximo responsable de la Función Pública dentro del Ministerio de Política Territorial. 

Desde CSIF han anunciado también acciones legales y no han dudado en hablar de un «recorte de derechos». A su juicio, en el caso de la violencia de género, se estaría ante una interpretación errónea del Estatuto Básico del Empleado Público, «ya que no es una excedencia voluntaria», han recalcado fuentes de este sindicato. Lo cierto es que en este punto no ha habido cambio alguno frente a lo que ocurría hasta ahora. Tanto CSIF como CC.OO. y UGT señalan que lo correcto sería que la excedencia de una víctima de violencia de género no paralice la contabilización de antigüedad a efectos de moscosos y demás.

Sobre la excedencia por violencia de género ha negado Iruiñ que haya recortes en los moscosos. «Hay reserva del puesto de trabajo durante el tiempo de la excedencia, que cuenta como trabajado», ha subrayado el compromiso del Gobierno contra la violencia de género y su voluntad negociadora. 

La resolución de la discordia 

De cualquier forma, el  Acuerdo adoptado el pasado 17 de diciembre por la Comisión Superior de Personal –donde no están los sindicatos–, efectivamente se establecían una serie de criterios sobre la aplicación de los días de asuntos propios («moscosos») en casos como los funcionarios de nuevo ingreso y casos concretos como el servicio activo, la excedencia por cuidados familiares, por servicios especiales o la excedencia voluntaria por razón de violencia de género.

En el mismo, se recordaba que por el artículo 84, k) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios tienen derecho a seis días anuales «por asuntos particulares», ampliables por antigüedad en base a la disposición adicional tercera de la mencionada norma a dos días adicionales «al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio a partir del octavo».

Pues bien, el Acuerdo consideraba ambos permisos «de la misma naturaleza y, por tanto, han de estar vinculados al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural», y se remarcaba que «con arreglo a este criterio habrá de resolverse todas las cuestioness que surjan sobre la interpretación y aplicación del permiso». Lo que extiende a los «moscosos» adicionales que se pudieran ir adquiriendo por antigüedad. 

En el caso de los funcionarios de nuevo ingreso, apunta este documento, el tiempo entre la finalización de las prácticas o el curso selectivo hasta la toma de posesión se considera formativo y , concluye, que las figuras de funcionario en prácticas o de carrera no son asimilables. Por lo tanto, a efectos de días de asuntos propios y vacaciones no cuentan y como en cualquier empresa no se disfrutarán del mismo número de días si comienzas a trabajar el 1 de enero que el 1 de julio. 

Críticas a las formas 

Desde CSIF han denunciado que la decisión se haya tomado en la Comisión Superior de Personal de la Administración General del Estado, en la que no están presentes los sindicatos y que haya sido en este organismo en el que se haya distribuido a los diferentes departamentos este acuerdo.

En esta línea, desde CSIF han calificado de «interpretación cicatera» la medida y, en su opinión, de facto limita la gestión de los días de libre disposición en casos como las mujeres víctimas de violencia de género que se reincorporen de una excedecia o de las que se acojan a esta figura para cuidar de un familiar. 

CSIF ha denunciado también que el  Estatuto Básico del Empleado no contempla las situaciones de violencia de género (ni las de cuidado de familiares o por violencia terrorista) como «excedencia voluntaria». Lo que sí ocurre, por el contrario, en el caso de excedencias por intereses particulares o por agrupación familiar.