CSIF denuncia que el Ministerio de Ciencia deja ahora en manos de Universidades y Organismos Públicos de Investigación el coste de las mejoras económicas del EPIF, provocando problemas y retrasos en la percepción de los incrementos salariales de los investigadores predoctorales

El Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador predoctoral en Formación (EPIF) se muestra como una normativa confusa y ambigua que difícilmente acabará con la precariedad de más de 10.000 investigadores predoctorales en Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI’s).

Una vez apareció en BOE el pasado 15 de marzo CSIF pidió inmediatamente explicaciones al Gobierno y denunció que en el RD publicado se había modificado el último texto conocido previamente por las organizaciones sindicales, resultaba confuso para los investigadores afectados y no venía acompañado de financiación por lo que los gastos de su aplicación correrían por cuenta exclusiva de las Universidades y Organismos Públicos de Investigación.

La confusión era tal que el mismo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se vio obligado, antes de que transcurriera una semana, a sacar una nota informativa dando explicaciones, interpretando el texto y aclarando -sin mucho éxito- términos y situaciones.

Para CSIF, tras seis años de retraso, se publica un EPIF que no recoge dos de las demandas básicas del colectivo afectado como son la  indemnización por finalización de contrato y la inclusión y reconocimiento en los Convenios Colectivos de Universidades y OPI’s.

Además, la aplicación de los incrementos salariales -medida estrella del EPIF- está generando conflictos y retrasos en las administraciones afectadas, volviéndose a ver perjudicados los jóvenes investigadores predoctorales.

Y es que, contradiciendo sus primeras afirmaciones, el Gobierno ni va a financiar ni va  a compensar a Universidades y OPI’s por el nuevo salario mínimo de 16.422 euros brutos anuales aunque, curiosamente, tanto los contratos FPU como los FPI son convocados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con el nuevo EPIF y tomando como referencia lo establecido en la tabla salarial del IV Convenio Único de la Administración General del Estado para la categoría correspondiente al Grupo 1 de personal laboral, la adecuación de los salarios de cada FPI y FPU ya en vigor supone aproximadamente 1.732 euros/año y 6.900 euros para el periodo de los 4 años.

Además, actualizar el salario de todos los predoctorales que existían a la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación podría suponer unos 4’3 millones de euros para las universidades (FPU) y 5’3 millones de euros para los organismos que tienen a los  investigadores FPI.

Con estas cifras y en esa confusión, desde CSIF queremos destacar  lo que dice la “Disposición final cuarta. Gasto público. La aplicación de este real decreto no supondrá incremento del gasto público”. Por otro lado, parece una barbaridad la solución que da el Ministerio de Ciencia de prorratear el salario entre los 4 años de duración del contrato.

Para CSIF esta chapuza normativa resulta lamentable y, al final, los perjudicados son los investigadores predoctorales en formación ya que las Universidades y Organismos Públicos de Investigación están retrasando la aplicación de su mejora salarial excusándose en que sus Presupuestos están cerrados y comprometidos y que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no aporta los fondos necesarios para asumir las modificaciones retributivas introducidas por el EPIF.