«El Mundo»
Son 22.871 personas, casi la mitad del conjunto de contratados, según los datos del ‘Datos y cifras del sistema universitario español 2018-2019’ del Ministerio de Ciencia y Universidades
Antonio Castro lleva 10 años trabajando como profesor asociado de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga. Gana alrededor de 600 euros al mes, incluido el complemento por ser doctor. Dice que este sueldo no está mal comparado con el que perciben sus compañeros, algunos de los cuales cobran 200 euros netos mensuales y llevan más de 20 años con contratos temporales. Son el precariado universitario.
Según el informe Datos y cifras del sistema universitario español 2018-2019, recién publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los profesores asociados suponen ya una cuarta parte de todo el personal docente e investigador. Son 22.871 personas, casi la mitad del conjunto de contratados.
El sindicato CSIF sostiene que suponen el reflejo de la «uberización de la universidad». Asegura que «cada vez se abusa más» de esta modalidad de contrato que ha proliferado durante los años de la crisis y que «empeora la calidad de la universidad». «La idea en principio era buena», explica Ramón Caballero, responsable de Universidades de CSIF. «Se trataba de que profesionales de reconocido prestigio se acercaran a la universidad para transmitir su experiencia práctica. Eran abogados, arquitectos, periodistas… Pero llegó la congelación de la tasa de reposición. Como no se podían convocar plazas, las universidades crearon la figura del falso asociado, que imparten muchas horas de clase a cambio de un salario bajo. Son mano de obra barata que sustituye a los otros profesores».
«SE HAN EXCEDIDO»
Según Caballero, «se han excedido» con los asociados en las universidades de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid. CSIF responsabiliza directamente a las universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) reconoce que deben replantearse esta situación. Mavi Mestre, presidenta de la recién creada comisión Crue-Profesorado y rectora de la Universidad de Valencia: «Esta figura contractual, bien empleada, enriquece la docencia universitaria y es necesaria para trasladar la experiencia profesional a las aulas. No obstante, durante mucho tiempo lamentablemente ha sido la única posibilidad contractual en muchos sistemas autonómicos».
«El efecto del incremento del asociado como única vía posible para la sustitución del profesorado jubilado en el contexto de aplicación de la tasa de reposición es lo que se podría denominar como una desfuncionarización del profesorado, una situación que debemos afrontar en este nuevo contexto de políticas universitarias y que esperamos superar para robustecer nuevamente las plantillas», añade Mestre.
CSIF apunta que, en los últimos seis años, las universidades públicas han perdido 5.719 funcionarios, mientras el número de contratados ha aumentado en 4.109. La Ley de Universidades dejó claro que el personal contratado no podía rebasar el 49% de la plantilla y ya supone un 52%.