Tras la reunión mantenida este 25 de mayo con Joan Subirats, os informamos que el Ministerio de Universidades tiene poca intención de negociar y da por prácticamente cerrado el texto del actual proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Desde CSIF lamentamos que se hurte la negociación de temas laborales, económicos, de carrera académica y otros muchos que, indudablemente, afectarán al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios de las universidades públicas españolas.

Quieren aprobar la LOSU en segunda lectura en el Consejo de Ministros del próximo 21 de junio y pretenden que la Ley se apruebe, tras la tramitación parlamentaria, en febrero de 2023. Han anunciado un Real Decreto de Acreditaciones -CSIF lleva tiempo exigiendo un cambio radical del sistema de acreditaciones- y otro sobre Áreas y Departamentos.

En CSIF no podemos apoyar el actual proyecto de LOSU que, entre otros aspectos: 

1º) Desregula aspectos importantes, limita el alcance de los cambios y se convierte en una ley de mínimos. El Ministerio de Universidades tendrá que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de Decretos y Reglamentos.

2º) Con la excusa de la diversidad se romperá la igualdad y el marco común básico: cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán en temas claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral. 

3º) Supone un déficit democrático el hecho de que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno sean designados por el rector.

4º) No hay una carrera académica clara, ágil y predecible. Se tardarán muchos años antes de llegar a conseguir una plaza de funcionario o laboral indefinido lo que dificultará la urgente renovación de las plantillas. Tampoco hay carrera profesional del PDI.

5º) Tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas. Mantiene y fomenta la perniciosa doble vía paralela funcionarial y laboral que fomenta duplicidades y frena la movilidad. Incrementará la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos. 

6º) No mejora el sistema retributivo del PDI. Mantiene la discriminación respecto a otras administraciones, negándose a fijar nivel 28 para TU y 30 para CU y persistiendo en un sistema retributivo adicional individualizado de evaluación permanente. Habrá diferencias retributivas entre laborales y funcionarios.

7º) Existe un riesgo evidente en que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (funcionarios) la puedan hacer ahora mediante convenio con ANECA las agencias de calidad autonómicas. La ausencia de un marco común en las acreditacionesfrente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos ha generado evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito.

8º) Las mejoras para el PDI laboral temporal son prácticamente inexistentes.  Para Profesores Asociados no hay mejora económica ni propuestas claras para acabar con la precariedad. Tampoco hay medidas para estabilizar y dar continuidad a los actuales Profesores Sustitutos en universidades andaluzas o Profesores Visitantes en universidades madrileñas.

Por otro lado, la Disposición transitoria tercera limita a tres años las modalidades contractuales temporales  no sujetas a un plazo máximo de duración lo que, hemos denunciado a Subirats desde CSIF, podría condenar en tres años a un determinado número de profesores en figuras como Contratados Doctores interinos,  Titulares de Universidad interinos, Profesores Sustitutos interinos, etc.

9º) No resulta aceptable la forma de provisión de puestos que se recoge (concurso) para el Personal técnico, de gestión y de administración y servicios, actual PAS, más con la posibilidad de concurrencia de personal perteneciente a cuerpos y escalas de otras administraciones públicas. CSIF ha pedido la retirada inmediata de este punto. Por otro lado, hay una merma de representatividad del PAS en los órganos colegiados.

10º) Resulta desproporcionada la “participación vinculante del estudiantado” en los planes de estudio, en las guías docentes y en su implementación. 

11º) Las universidades tendrán que elaborar nuevos Estatutos en los que cada una regulará motu propio las funciones, estructuras, composición y porcentajes de representación de los órganos colegiados (Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social, Consejo de Facultad u Escuela, Consejo de Departamento, etc.).

12º) Sobre financiación, pedimos un objetivo más ambicioso y acorde con la UE, en torno al 1,5% del PIB, puesto que hoy en día estamos en el 0’8% y muchas universidades públicas españolas que en los últimos diez años bajaron un 20% su financiación, sufren una infrafinanciación recurrente e imposible de mantener durante más tiempo. Debería haber una asignación presupuestaria concreta para la regeneración de las plantillas. Tampoco hay Memoria Económica.

13º) Blinda la “tasa de reposición” para PAS y PDI que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas. Impedirá alcanzar en cinco años los porcentajes de funcionarios y temporales (20%) lo que pondrá en serio riesgo el mantenimiento de la plantilla con contrato laboral temporal.