CSIF considera, y así lo manifestó en la comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, que la LOSU debería tener un objetivo más ambicioso y acorde con la UE, llegando hasta el 1´5% del PIB. Criticamos que no exista Memoria Económica, ni un plazo concreto de cumplimiento del objetivo de PIB marcado, ni un procedimiento claro y directo para que los fondos lleguen a las universidades. Para CSIF, además, debería haber asignaciones presupuestarias concretas para la regeneración de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad.

Entre los diversos actores afectados, crecen las dudas sobre las necesidades y las formas de financiación de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El presidente de Crue reclama 2.500 millones y ha subrayado la necesidad de que en la futura LOSU «se detallen finalmente los plazos y responsabilidades» del aumento de la inversión en Educación Superior hasta el 1% del PIB. Algunos rectores, como el de la Universidad Pública de Navarra, han señalado que para cumplir la LOSU deberían duplicar el presupuesto que tienen actualmente.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha declarado que no tolerará que se cargue de deudas a las Comunidades Autónomas y que está dispuesto a llevar la LOSU al Tribunal Constitucional. Mientras, el Consejero de Universidades de Andalucía habla de una ley cara, con más gasto y menos financiación. Antes estas declaraciones, el Ministerio de Universidades trata de capear el temporal ofreciéndose a dar seguridad y abogando ahora por una comisión de trabajo con las CCAA para abordar la nueva financiación de la LOSU.

Independientemente del “compromiso” de Subirats de escuchar a las comunidades autónomas, la realidad es que ellas asumen más del 80% de la financiación universitaria. Por su parte, las universidades han perdido más de un 20% de financiación en los últimos años y se encuentran actualmente asfixiadas  por el alza de precios de la energía, el incremento de costes de las indemnizaciones por finalización de contratos o la antigüedad de las plantillas.

Viendo lo ridículo de los PGE 2023 para el sistema universitario español, el sindicato independiente considera que no valen más excusas y que la LOSU debe garantizar una financiación suficiente para las universidades públicas españolas. Además, cree que debería haber asignaciones presupuestarias concretas para la regeneración de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad.

• CSIF sigue demandando la retirada de la enmienda de PSOE-PODEMOS sobre los Profesores Asociados.
• CSIF también ha pedido en la tramitación de la LOSU que, considerando su carga lectiva, su edad media y atendiendo a criterios de igualdad y conciliación, los Profesores Colaboradores doctores puedan acceder directamente a la categoría de Profesor Permanente Laboral sin la necesidad de estancias pre o postdoctorales de movilidad en universidades y/o centros de investigación.