La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobada de manera definitiva en el Congreso y entrará en vigor a los 20 días de su inminente publicación en el BOE

Considerada por la inmensa mayoría como “una oportunidad perdida”, la LOSU ha sido calificada negativamente por todos los colectivos universitarios: profesores, investigadores, personal de administración, estudiantes, rectores, sindicatos, consejos sociales, etc.

Para CSIF, no va a resolver los problemas de la universidad del siglo XXI pero, además, desvertebra el Sistema Universitario Español al haber estado centrada en concesiones a los socios independentistas del Gobierno de coalición, resulta de imposible cumplimiento al no ir acompañada de financiación y afectará negativamente al funcionamiento de las universidades ya que generará incertidumbre e inestabilidad.

¿Cuáles son las señas de identidad de la LOSU?

Realizada sin negociación y sin consenso: sin el acuerdo de la comunidad universitaria, sin el compromiso de las comunidades autónomas, sin el refrendo sindical, sin los informes del Consejo de Universidades y del Consejo de Estado.

Desregula aspectos importantes y se convierte en una ley de mínimos. El Ministerio de Universidades, las CCAA y las universidades tendrán que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de decretos, normas y reglamentos.

Planteada sin compromiso de financiación: el objetivo del 1% del PIB es una mera declaración de intenciones, no presenta Memoria Económica, incrementará los costes y no recoge financiación ni partidas presupuestarias concretas para estabilización o renovación de plantillas de PDI y PAS.

Fragmentará en 17 el Sistema Universitario Español: cada comunidad autónoma presentará diferentes y variadas tipologías de profesorado, de becas, de acreditaciones, de tasas, de estatutos, de claustros, favoreciendo las desigualdades y la falta de equidad y homogeneidad.

No atiende las necesidades de la sociedad: no incrementa la participación de la sociedad en las universidades, renuncia a superar la falta de transparencia y rendición de cuentas y disminuye las competencias de los Consejos Sociales .

Elude la necesaria reforma y modernización de la gobernanza: hay un presidencialismo excesivo, implica déficits democráticos y generará incertidumbre y crisis institucionales en el medio plazo.

Ningunea a los investigadores posdoctorales y minusvalora la importancia de la investigación que se realiza en las universidades (cerca del 80% de la investigación que se hace a nivel nacional) a la que inexplicablemente dedica muy pocos artículos.

Fomenta la politización de las universidades permitiendo en el artículo 45.2 g el posicionamiento político e ideológico de los claustros y acabando con la neutralidad en los campus.

No hay una estrategia real de internacionalización, no promueve la empleabilidad, ni el emprendimiento, ni el mecenazgo.

Limita la autonomía universitaria al otorgar a las Comunidades Autónomas la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT,s) de PAS y PDI.