• El Gobierno retiene 30.000 millones de euros de la paga extra de los empleados públicos desde 2010
• Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 18 por ciento desde 2010
• El acuerdo del Gobierno con CC.OO. y UGT agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos

CSIF, avisa de que: “vamos a un conflicto generalizado en las Administraciones Públicas” (Justicia, Sanidad, Educación, Universidades, Prisiones, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicios de Empleo, Inspección de Trabajo, entre otras) “si Gobierno y CC.AA. no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos”

En concreto, la ILP registrada en el Congreso pretende derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectadas 2 millones de personas en todas las administraciones. Esta situación se suma a la pérdida global del 18 por ciento del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación.

Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de clase que agrava el empobrecimiento

Recientemente, Gobierno y los sindicatos de clase CC.OO. y UGT firmaron un acuerdo que agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos. Se trata del primer acuerdo salarial de la historia en el que se pierde poder adquisitivo nada más aplicarse: en 2022 perdimos cinco puntos ya que el IPC cerró en un 8,5 y la subida fue del 3,5. Por este motivo, CSIF se ha dirigido al presidente del Gobierno para exigir la renegociación de las condiciones retributivas de las/os empleados públicos y la mejora de sus condiciones laborales. Las condiciones económicas del referido acuerdo son inferiores a las recogidas en el pacto firmado por la patronal y los sindicatos UGT y CC. OO., donde se recomienda una subida de los salarios del 4% para este año, un 3% para 2024 y otro 3% para 2025. Además, incluye una cláusula de revisión salarial que podría elevar la remuneración de los trabajadores hasta un 1% más cada uno de estos tres años si la inflación se eleva por encima de estos porcentajes.

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