CSIF es un sindicato profesional, independiente, dialogante, negociador y de servicios con visión de futuro. Lo que nos permite plena libertad para hacer propuestas y reivindicaciones en todos los foros y ámbitos de negociación, sin consignas ni dependencias políticas.

CSIF es el único sindicato independiente y profesional presente en los foros del diálogo social y en todas las mesas generales de negociación de las Universidades Públicas, que apuesta por una acción sindical transparente y participativa.

Ante las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo miércoles 1 de diciembre de 2022 en la UPV, CSIF presenta los siguientes objetivos a conseguir para dar respuesta a las principales preocupaciones del personal de nuestra universidad:

PARA mejorar tus condiciones laborales

General

Por una financiación más ambiciosa para la educación universitaria. Aumento de la financiación en educación pública universitaria del 0,8% actual del PIB al 1,5%, más acorde con la media de la UE. Muchas universidades públicas españolas han visto reducida su financiación un 20% en la última década y el Plan de Financiación Valenciano sigue siendo una incógnita.
Hacen falta planes estructurales y partidas concretas para alcanzar los retos y prioridades que están sobre la mesa en las universidades, como renovar plantillas, reducir la precariedad laboral y asegurar el desarrollo de la reforma de la Ley de la Ciencia y, si llega a aprobarse, la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.
Pedimos que se mejoren las partidas presupuestarias que consideramos escasas e insuficientes y no cubren las necesidades del Sistema Universitario Español lo que denota la falta de interés o de voluntad política por la universidad española.
Mayor impulso y mejora de la negociación colectiva.
La adecuación de las condiciones laborales de los trabajadores —especialmente las retributivas— a la evolución de la economía
Por la recuperación de todos los derechos suspendidos y de la estructura salarial previa a los recortes de 2010-2012, la mejora del sistema retributivo y una revisión salarial que no suponga nuevas pérdidas de poder adquisitivo, con más motivo en una coyuntura de elevada inflación.
La eliminación, en la jurisdicción contencioso-administrativa de las costas procesales en los asuntos vinculados con la relación estatutaria o funcional de los empleados públicos.
Eliminar el déficit democrático que supone que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno sea designado por el rector o rectora de cada Universidad, instando a que la elección de ese tercio se realice por sufragio universal.

PDI

En contra del desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios y la laboralización de las plantillas, lo que reducirá derechos y expectativas entre el Personal Docente e Investigador (PDI) en la consolidación de su carrera profesional.
Mejora y actualización del desfasado sistema retributivo del PDI con el incremento de los niveles profesionales y la eliminación de las desigualdades con respecto a otras administraciones. Establecimiento de una carrera académica.
Ante la posibilidad contemplada en el proyecto de LOSU de delegar la evaluación de méritos y competencias en las agencias de calidad autonómicas, para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, establecer un marco común que evite problemas de equidad y homologación.
Reducir la burocracia y las funciones no estrictamente académicas que sobrecargan al profesorado; invertir en medidas reales y concretas para mejorar, impulsar y reconocer su labor docente, investigadora y de transferencia.
Sexenios:
- Insistimos en necesidad de eliminar el tope de 6 sexenios, no solo por el aumento de la edad de jubilación, sino por la acumulación de sexenios de investigación, transferencia y, en su caso, docentes.
- Recalcamos la necesidad de que las resoluciones se ajusten escrupulosamente a los criterios publicados. Al respecto, sería conveniente una auditoría del proceso de evaluación.
- En contra de la utilización de la mal llamada “lista negra de revistas”. De las últimas resoluciones, tanto de acreditaciones como de sexenios, se observa un claro mal uso de esa lista por parte de algunas comisiones de evaluación, a pesar de que desde la propia Dirección de ANECA se les ha indicado que deben ceñirse a los criterios publicados. Sin embargo, bastantes intervenciones de los comités evaluadores fueron en la línea de insistir en minusvalorar las aportaciones presentadas pertenecientes a esa lista e incluso ampliada a todas las revistas de editoriales concretas.
- Cualquier cambio sustancial en los criterios o en las interpretaciones de los mismos -como es el caso del veto a ciertas revistas- debe ser planteado a futuro (mínimo 6 años vista), con el fin de que nunca sea una aplicación retroactiva para el profesorado.Insistimos en que se ponga en marcha, cuanto antes, el sexenio de docencia. ANECA y el Ministerio de Universidades anunciaron que convocarían el Sexenio Docente a finales del 2021 y que para ello actualizaban el Programa DOCENTIA y estaban concretando los criterios de evaluación.
- Insistimos en la convocatoria de sexenios de transferencia con una frecuencia predeterminada y estable, que se base en criterios objetivos, razonables, claros, equitativos, transparentes y bien definidos y que no sea tan decepcionante ni frustrante como proyecto piloto del Sexenio de Transferencia 2018. Su falta de rigor, sus contradicciones y sus retrasos lo revelaron como un auténtico fiasco.
Reformar los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario.
Eliminar la tasa de reposición y permitir amplias convocatorias de plazas.
Máximo por curso de 240 horas de actividad docente.
Reducción de la dedicación para los mayores de 60 años.
Aprobación de un Estatuto del Personal Docente e Investigador.

PAS

La implantación con carácter general de la jornada laboral de 35 horas.
Fomentar la promoción interna y la carrera profesional que permita la promoción vertical y horizontal con los incentivos correspondientes.
Fomentar la movilidad interadministrativa y entre administraciones.
Fomentar la formación continua, estableciendo líneas prioritarias.
La definición, clasificación y valoración de los puestos de trabajo mediante metodologías objetivables, transparentes y de fácil gestión.
La elaboración de un plan de recursos humanos en todas las administraciones, para conseguir unas plantillas correctamente dimensionadas, generando unas ofertas de empleo público suficientes y anuales
Provisión de puestos de personal técnico, de gestión y de administración de servicios mediante oposición y concurso-oposición, ya que la fórmula actual (solo concurso) no se adapta a la normativa y no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Reducción de la jornada para los mayores de 60 años

Personal Laboral

Por soluciones para acabar con la precariedad, la inestabilidad y el abuso de la temporalidad.
Aumento de 120 a 180 el número máximo de horas lectivas que el profesorado asociado pueda impartir por curso académico. Con el texto de la nueva LOSU, este colectivo reducirá sensiblemente unas retribuciones que ya son bastante bajas.
Creación de un apartado específico para la carrera de las figuras postdoctorales, ya que la actual redacción de la LOSU obvia a este colectivo profesional y torpedea la línea de flotación de calidad presente y futura del modelo universitario.
Exigimos la retirada de la enmienda del PSOE y Podemos sobre los Profesores Asociados al anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. El colectivo desconfía de las medidas recogidas y piensan que podrían provocar despidos. Ya se han publicado las Ofertas de Empleo Público con el listado de plazas afectadas por el proceso de estabilización de la Ley 20/2021 y las universidades no han considerado a los profesores asociados. La enmienda implica echar de las universidades a gran parte de los profesores asociados puesto que sus plazas no se han incluido en los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.
Desvincular la mejora de las retribuciones del profesorado asociado y su régimen de dedicación de la aprobación del Estatuto del PDI, ya que esto supone volver a dilatar sine die unas medidas que deberían ser una realidad desde hace tiempo para acabar con la inaceptable precariedad del eslabón más frágil del profesorado universitario.
Acceso a la carrera académica para profesores asociados.
Acceso a quinquenios y sexenios para el PDI Laboral Temporal e Interino.
Por la viabilidad de los contratos indefinidos con cargo a proyectos.

PARA la modernización de las Administraciones Públicas

Promover cambios organizativos que permitan prestar unos Servicios Públicos orientados a los ciudadanos, sostenibles y ágiles, reduciendo cargas administrativas, y optimizando y simplificando los procesos.
Potenciar de manera real y efectiva la evaluación del desempeño. Generar racionalidad en la gestión administrativa.
Eliminación de las duplicidades administrativas.
Fortalecer los programas de capacitación y actualización del personal de la Administración, para contribuir a una mayor eficiencia y efectividad.
Evaluar las políticas públicas, medir sus resultados para poder analizar su idoneidad y continuidad.
Potenciarla Administración electrónica y mejorar el acceso de los ciudadanos a través de un portal único de acceso a los datos.
Exigir políticas de inversión que generen una inercia positiva e incentiven la actividad económica.
Eliminar de la Administración Pública costes superfluos, ineficaces e ineficientes.

PARA el reconocimiento social del Empleado Público

Un profesorado respetado en todas las instancias y con unas condiciones adecuadas para impartir enseñanzas.
Un salario justo que reconozca la importancia de nuestro trabajo para la sociedad.
Profesionalizar la administración y reducir los puestos de libre designación y de asesores.
El respeto a la libertad de cátedra.
Una carrera profesional como elemento motivador y de reconocimiento para los Empleados Públicos.
La evaluación del desempeño, mediante un sistema negociado, objetivo, contrastado y transparente, del rendimiento personal en los puestos de trabajo.
El reconocimiento y la priorización de la labor de los Empleados Públicos frente a las externalizaciones.
Nos oponemos rotundamente a la privatización de los servicios públicos.
Modificación de la ley de incompatibilidades.
Convocar procesos de funcionarización para el personal laboral.
Definir un catálogo de servicios que deben ser prestados obligatoriamente por Empleados Públicos.
La eliminación en la diferencia de trato, tanto en derechos administrativos como retributivos existente en las distintas Administraciones.
Por la equiparación en el pago farmacéutico para los funcionarios jubilados de clases pasivas y el Régimen General de Seguridad Social.

PARA la prevención de riesgos laborales y preservar la salud laboral

La defensa de la salud laboral y el bienestar de todos los trabajadores, exigiendo el cumplimiento veraz de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La aprobación e implantación de protocolos de prevención y actuación ante violencia en el trabajo, acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, y drogodependencias en el ámbito laboral.
La vigilancia de la salud adecuada y por el refuerzo de la asistencia sanitaria en el ámbito laboral especialmente en empleado/s mayores de 45 años.
La actualización del Cuadro de enfermedades profesionales derivadas de las nuevas tecnologías, profesiones y las situaciones laborales específicas.
La propuesta de las figuras del Psicólogo y el Mediador en las organizaciones para una adecuada gestión de los recursos humanos y sus posibles conflictos.

PARA la conciliación

Negociar una conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con propuestas concretas que fomenten la corresponsabilidad, como la flexibilidad de horarios, el teletrabajo, las bolsas de horas, etc.
Defendemos el teletrabajo regulado como medida que favorece el desarrollo sostenible, la integración de personas con discapacidad, la conciliación, la productividad, etc.
Exigimos que se desarrolle la medida de conciliación «bolsa de horas», incluida en el acuerdo de mejora por el empleo público y las condiciones de trabajo.
Facilitar el apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de atención a personas dependientes y la reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas al centro de trabajo.
Modificación del complemento por maternidad en Clases Pasivas y Régimen General, haciéndola extensiva a la jubilación voluntaria, progenitores con un hijo, adopción homoparental y familias monoparentales.
Permisos para favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional iguales e intransferibles y de titularidad conjunta.

PARA la igualdad de oportunidades y la erradicación de conductas sexistas

La creación de una Comisión de Igualdad que sirva como canal de comunicación entre las personas trabajadoras y los órganos sindicales, tanto en el ámbito público como del sector privado.
Demandar la negociación de planes de igualdad.

PARA un empleo estable y de calidad

La limitación de la capacidad de las empresas para flexibilizar unilateralmente las condiciones de trabajo, de tal forma que las personas trabajadoras tengan la seguridad necesaria que les permita un mayor compromiso con los resultados de la empresa.
La reducción y racionalización de las modalidades de contratos existentes.
La recuperación de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos como ente dinamizador de la competitividad y para evitar la destrucción de empleo, los recortes y la pérdida de condiciones laborales.
El desarrollo de planes de formación y de carrera profesional en las empresas, que eviten un despido que aboque a la marginalidad y la exclusión de las personas trabajadoras menos cualificadas (jóvenes, mujeres, etc.)
La vuelta a un marco de normativa laboral claro y negociado, que dé seguridad a los agentes que participan en él: trabajadores, empresas, etc.
La recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y con ello de su capacidad de incrementar el consumo y el ahorro privado.
Un papel más activo de los sindicatos en el diseño y aplicación de las políticas de promoción del empleo, atendiendo a la orientación profesional, a la formación y al desarrollo de las competencias.