CSIF advierte sobre la reforma universitaria que prepara el Gobierno porque aumentará la precariedad del profesorado

Rechazamos su objetivo fundamental de crear por primera vez en la Universidad una carrera laboral completa paralela a la funcionarial 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha advertido al Secretario General de Universidades de que la reforma universitaria que prepara el ministerio no introduce medidas explícitas para acabar con la precariedad actual de los docentes e investigadores laborales que suman más de la mitad de la plantilla en las universidades públicas españolas.

En la reunión para abordar el Anteproyecto de Ley por la que se modificaría
la Ley Orgánica de Universidades, hemos criticado que el gobierno apueste
por laboralizar la plantilla de PDI frente a la disminución de los cuerpos
docentes universitarios. No se entiende -salvo por presiones interesadas de
la CRUE y de algunas comunidades autónomas como Cataluña- la pretensión de
configurar un sistema dual y paralelo con los mismos derechos y deberes pero
con mayor precariedad e inseguridad jurídica.

Así, se prevé, por ejemplo, que los Titulares y Catedráticos puedan ser
personal laboral. Para CSIF, esto ni ocurre en el resto del sistema
educativo español ni en universidades de referencia como las alemanas en
donde todos los profesores universitarios son funcionarios. Además, corremos
el riesgo de que con la excusa de mayor flexibilidad se pueda contratar a
docentes con menos garantías o que aparezcan retribuciones moduladas de
manera arbitraria por rectores o consejeros autonómicos. 

Entre otras importantes deficiencias sobre el régimen de dedicación, las
retribuciones, igualdad, nuevas acreditaciones o la indefinición sobre
figuras actuales como Ayudantes y Visitantes, el Ministerio no introduce ni
una sola medida que mejore las condiciones laborales de los Profesores
Asociados, el colectivo más precario -casi 34.000 profesionales- y que
representan el 34,1% del conjunto del personal docente e investigador de las
universidades públicas.

Por último, seguimos sin noticias sobre la Memoria económica necesaria para
afrontar los cambios que se proponen y sin un borrador actualizado del
Estatuto de PDI que permita ver el desarrollo de las medidas generales que
contemplan en el Anteproyecto de Ley.

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