El Ministerio de Universidades anuncia la creación de un nuevo Sexenio de Docencia

Hemos tenido que comprobar la fecha de hoy y no es 28 de diciembre.

El Secretario General de Universidades  anunció la creación de un nuevo Sexenio de Docencia durante el acto de presentación del informe “Los retos de las universidades españolas ante la transformación digital” de la REDFUE y Conferencia de Consejos Sociales. Aunque se trata de la primera noticia que tenemos al respecto, desde CSIF esperamos que éste anuncio se convierta pronto en una realidad (necesaria y beneficiosa para el PDI) y que se gestione de una manera más eficaz y menos caótica que el sexenio de transferencia.

CSIF exige a Sanidad que garantice el mantenimiento del mutualismo administrativo

  • El ministerio estudia la financiación de las mutuas y genera la inquietud del colectivo de funcionarios
  • Seguridad Social sigue sin asegurar las condiciones del sistema de clases pasivas tras el traspaso de competencias a este departamento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dirigido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios.

CSIF se hace eco de la inquietud que ha generado un documento en el que trabaja el Ministerio de Sanidad donde se anuncia la intención de abordar la financiación de las mutuas. Medios de comunicación informan de que esta propuesta pretende suprimir este modelo.

CSIF recuerda que el sistema de mutualismo administrativo ha convivido con el Sistema Nacional de Salud desde su nacimiento con el fin de dar cobertura a un régimen de la Seguridad Social al colectivo de funcionarios (que hasta la transición democrática se encontraban desprotegidos). El sistema de mutualismo administrativo, pese a su déficit de financiación, reduce además la presión asistencial en el sistema público y garantiza la viabilidad del Sistema Nacional de Salud.

El pasado 22 de abril, el Gobierno aprovechó un real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por el Covid-19 para traspasar la gestión de las mutuas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar este traspaso, en el trámite del decreto como proyecto de Ley, con el fin de que se pueda eliminar esta modificación.

La gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, ha pasado a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas.

Por este motivo, CSIF también se ha dirigido al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que a día de hoy sigue sin garantizar el mantenimiento de las condiciones actuales del sistema de clases pasivas.

En una carta, en respuesta a la CSIF –donde le preguntábamos de manera expresa si el Gobierno tiene previsto modificar la normativa sobre el régimen de clases pasivas, prestaciones y pensiones, y si va a proceder a suprimir el Mutualismo Administrativo—lejos de zanjar la cuestión, el ministerio indicó que se abordarán “más adelante”“En relación con el resto de cuestiones que plantea en su escrito, deberán ser abordadas más adelante una vez tengan asumidas las competencias los distintos departamentos ministeriales”, señala el escrito.

Para CSIF, la contestación del ministro, lejos de asegurar la continuidad del régimen de clases pasivas y el mantenimiento del Mutualismo Administrativo, deja entrever, que primero trasladan las competencias de la gestión al Ministerio del que es titular y en un tiempo relativamente corto abordarán cuales son los objetivos del Gobierno en la materia.

Nuevo estatuto del PDI

Tras cinco meses de espera, el ministro Manuel Castells nos ha presentado su propuesta.

En nuestra opinión, el Estatuto de Personal Docente e Investigador complica y precariza aún más la carrera profesional en la Universidad  

  • La propuesta de Castells agravará la inestabilidad laboral: no recoge una sola medida que beneficie a los colectivos más vulnerables como los profesores asociados
  • No incluye Memoria Económica: desconocemos sus objetivos de inversión ni sus alternativas salariales
  •  No va acompañada de una ruta de negociación con los representantes del PDI ni en plazos ni en contenidos 
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Inaceptable precariedad y temporalidad del PDI Laboral

Desde CSIF venimos denunciando la inaceptable precariedad y temporalidad del PDI Laboral de las universidades públicas.

Nuestro sindicato está pidiendo que se limite la temporalidad, posibilitar la promoción y el paso a la carrera académica, acabar con la tasa de reposición y por tanto poder realizar amplias convocatorias de plazas para la estabilización del PDI laboral, que además garanticen para el futuro la renovación generacional en los departamentos.

El Boletín Estadístico del Empleo Público, recientemente elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas con datos de enero de 2020, recoge un total de 101.693 PDI en las universidades públicas españolas.

Del montante global, el PDI funcionario sólo alcanza la cifra de 41.079 (40.564 funcionarios de carrera y 515 funcionarios interinos) con una tasa de interinidad del 1,25%.

Mientras, el PDI laboral suma ya 60.614 trabajadores (12.351 laborales fijos y 48.263 laborales temporales) con un 79,62% de temporalidad. Según datos del propio Ministerio de Universidades, 33.954 son profesores asociados que representan un 34,1% del conjunto del PDI de las universidades públicas.

De manera que, en el presente curso, solo el 40,39% de los profesores de universidades públicas son funcionarios mientras que más del 59%, incumpliendo la Lay Orgánica de Universidades, son contratados laborales en sus diferentes figuras docentes.

Además, si miramos la tendencia reflejada en el último informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español” publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, observamos que las universidades públicas perdieron 5.719 profesores funcionarios en el periodo comprendido entre el curso 2011/12 y el curso 2016/17 mientras siguió incrementándose con fuerza el número de contratados con una tasa de variación anual al alza del 4,6%.

Por estas razones evidentes desde CSIF defendemos y apoyamos:

  • Limitar la temporalidad, posibilitar la promoción y el paso a la carrera académica, acabar con la tasa de reposición y realizar amplias convocatorias de plazas para la estabilización del PDI laboral.
  • La existencia y el necesario incremento del número de PDI funcionario de los cuerpos docentes universitarios y rechazamos su sustitución por plazas de PDI laborales de Titular de Universidad y Catedrático de Universidad, tal y como apunta claramente el Borrador preliminar del Estatuto del PDI que se nos ha presentado.

En resumen, la Universidad no puede desempeñar con dignidad y eficacia sus funciones cuando una parte considerable del PDI está afectado por un grado alarmante de precariedad laboral.

Por lo que se refiere a la situación de absoluta parálisis del Convenio del Personal laboral de las Universidades Valencianas, a pesar del trabajo incesante que hemos venido desarrollando desde CSIF y otras organizaciones sindicales, tanto en su negociación desde el origen, posterior firma del Preacuerdo y todas las acciones que hemos emprendido con las distintas administraciones implicadas, somos pesimistas y nos tememos que difícilmente se vaya a lograr su firma. La Generalitat, que se había comprometido a hacerlo, se negó posteriormente a ello aduciendo causas legales impuestas por las limitaciones de gasto en materia retributiva que obligan a las administraciones de las comunidades autónomas, siendo esta razón bastante curiosa ya que dichas limitaciones estaban también vigentes cuando se comprometieron a firmar el Convenio, tras la firma simbólica del Preacuerdo, en abril de 2018.

En estos momentos, y cuando desde el Ministerio de Universidades se está elaborando un Estatuto del PDI que contempla la creación de nuevas figuras docentes de carácter laboral y la extinción de otras, que puede estar aprobado en el plazo de ocho o diez meses más, dudamos del interés de los responsables del Ministerio, a los que también se lo hemos pedido, en facilitar la firma del convenio. No obstante, seguiremos insistiendo en el cumplimiento, por parte de los responsables políticos y también de las universidades, de los compromisos que adquirieron con nosotros tras varios años de esfuerzo negociador.