- El desarrollo de temas claves queda en manos de la decisión particular de cada comunidad autónoma
- Desmantela los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas
- No garantiza una financiación estable y suficiente ni marca un procedimiento para que los fondos lleguen a las universidades
- Retuerce y complica la estabilidad que necesita gran parte de la plantilla de PDI
CSIF rechaza el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El sindicato considera que tras su tramitación parlamentaria, el texto incide aún más en desregular aspectos importantes, dejar en manos de las comunidades autónomas temas vitales, limitar el alcance de los cambios que requería Europa y ha terminado convirtiéndose en una ley de mínimos.
Esta desregulación universitaria ya trufa toda la norma con la excusa de la diversidad y la autonomía, pero ahora se ha visto incrementada con la aceptación de la práctica totalidad de las enmiendas de ERC, Bildu y el PNV, creando el riesgo de romper la igualdad y el marco común básico, fragmentando el sistema universitario español: cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán en temas claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de figuras de profesorado laboral.
Además, el Ministerio de Universidades -pero también las Comunidades Autónomas y las propias Universidades-, tendrán que habilitar un muy largo período de adaptabilidad a través de Decretos y Reglamentos lo que ralentizará y demorará medidas necesarias y urgentes que no admiten más dilación como la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas.
Durante el trámite parlamentario se ha desviado la atención hacia temas como el derecho al paro académico, la segregación por sexo en colegios mayores, el fomento de las lenguas cooficiales o quién puede ser rector, sin poner el interés en asuntos vitales para el sistema universitario como la financiación, la carrera académica, la precariedad de las plantillas, la estabilidad o la conexión con la sociedad y la economía.
Por otro lado, el texto tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas (quita los porcentajes de PDI funcionario, excluye a figuras como Ayudantes Doctores y Asociados Ciencias de la Salud del cómputo de PDI laboral, crea figuras laborales análogas a TU y CU, etc.). En definitiva, el proyecto de LOSU mantiene y potencia la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que fomenta duplicidades y frena la movilidad, generando problemas de homologación e incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos.
Sobre financiación, CSIF considera que la LOSU debería tener un objetivo más ambicioso y acorde con la UE, llegando hasta el 1´5% del PIB, puesto que hoy estamos en el 0’8% y muchas universidades públicas españolas que en los últimos diez años bajaron un 20% su financiación, sufren una infrafinanciación recurrente e imposible de mantener durante más tiempo. Además, no existe un plazo concreto de cumplimiento del objetivo de 1% de PIB marcado ni un procedimiento claro y directo para que los fondos lleguen a las universidades.
Para CSIF debería haber asignaciones presupuestarias concretas para la regeneración de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad. Recordamos que el proyecto de LOSU tampoco tiene Memoria Económica ni detalle de la financiación y, al no haber aportación estatal, podría cargar de deudas a las comunidades autónomas que son las que tienen que sufragar los gastos.
Por último, el proyecto mantiene un modelo de autogobierno universitario desfasado y alejado de las recomendaciones del informe de la OCDE que constata “la necesidad de rediseñar los sistemas de gobernanza de las universidades para aumentar su colaboración con la sociedad y la rendición de cuentas, evitando la injerencia política en sus operaciones mediante una autonomía funcional más efectiva”.
