En los últimos años, la ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos ha generado en las acreditaciones de PDI laboral evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito.
Incluso, algunas de las regulaciones autonómicas de la acreditación llegaron a crear figuras laborales incompatibles con su supuesto anclaje en la LOU. Al no existir en su catálogo de acreditaciones, se producía la imposibilidad de acreditación por la ANECA para esas figuras privativas de las respectivas legislaciones autonómicas.
Pues bien, la LOSU viene a blindar el sistema de acreditaciones autonómicas en el ámbito del profesorado laboral y a extenderlo a los cuerpos de funcionarios (art. 69.1 del Proyecto de LOSU: “La ANECA acordará, mediante convenio, el desarrollo de la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas.”). El resultado previsible serán los problemas de equidad, movilidad, homologación y el fraccionamiento también de los cuerpos de funcionarios (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad).
Además, hay que tener en cuenta la disparidad de criterios para conceder las acreditaciones por las agencias de calidad autonómicas. Como ejemplo, el cuasi automatismo de la UNIBASQ vasca, que con el reconocimiento de 4 ikertramos (sexenios de investigación) proporciona 50 de los 80 puntos necesarios para obtener la acreditación a profesor contratado doctor, o la AQU catalana, que no considera la docencia a la hora de acreditar a la figura de catedrático laboral.
Con la aplicación de la LOSU, la disparidad de criterios se haría extensiva al PDI funcionario, que en la actualidad se rige por el criterio único de la ANECA. Las agencias autonómicas tendrán que buscar acuerdos de reconocimiento mutuo de las acreditaciones pero, a la hora de evaluar, no todas lo harán de la misma forma, porque evaluarán distintas personas. Además, no parece seguro que la ANECA y todas las CCAA pacten y firmen convenios de colaboración.