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ALEGACIONES DE CSIF AL BORRADOR DEL REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ACREDITACIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS Y EL RÉGIMEN DE LOS CONCURSOS DE ACCESO A DICHOS CUERPOS

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Para ver el Proyecto de Real Decreto (pdf).

Recogemos extractadas en los siguientes párrafos las 12 alegaciones más importantes presentadas formalmente por CSIF al borrador de RD de acreditación. También te adjuntamos el documento completo y pormenorizado con todas las alegaciones formuladas.

  • Entendiendo que este RD no puede entrar al detalle en todo lo relacionado con los criterios que posteriormente establezca ANECA a través de sus comisiones, ni con los niveles necesarios para alcanzar la suficiencia investigadora, docente y, en su caso, de liderazgo y de gestión, es evidente que el texto del RD deja demasiado abiertos estos asuntos, por lo que se pueden seguir dando los casos ocurridos de falta de objetividad, detalle y transparencia en el proceso de evaluación de algunas de las comisiones de la ANECA.
  • La LOSU se indica que para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios se garantizará “La adecuación de los méritos requeridos a la duración de la etapa inicial de la carrera académica que establece esta ley orgánica”. Nada en este RD garantiza que el posterior desarrollo de los criterios y de los niveles necesarios para una evaluación positiva cumpla con lo articulado sobre este aspecto en la LOSU.
  • Faltan medidas que garanticen los derechos de las personas solicitantes para que la Administración cumpla los plazos que se recogen en este RD. Si la correspondiente comisión sigue evaluando el expediente superado el plazo de 6 meses establecido, este hecho debe comunicarse a la persona solicitante, porque en otro caso se podría interpretar que el proceso ha finalizado con una resolución negativa por silencio administrativo.
  • A pesar de que la LOSU recoge muy claramente que hay que evaluar el carácter multidisciplinar de la actividad del profesorado universitario, el articulado de borrador de este RD no avanza demasiado en este aspecto que para CSIF es fundamental. Podemos volver a caer en el error actual de si un profesor ha desarrollado su actividad docente en un área y su actividad investigadora en otra área distinta, o incluso en varias áreas, ¿por qué comisión solicita la evaluación?
  • El texto indica sobre los documentos de orientación: “Estos documentos deberán facilitar la autoevaluación a los posibles solicitantes, tendrán efectos exclusivamente informativos y se publicarán en la sede electrónica de ANECA, sin que puedan ser objeto de impugnación en vía administrativa o judicial.” Proponemos la supresión de la expresión “sin que puedan ser objeto de impugnación en vía administrativa o judicial”, ya que no hay actos de la Administración que puedan escapar del control jurisdiccional en Derecho español.Resulta claramente contrario a la Constitución española, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución española).
  • Igual que ocurre en los concursos de acceso, el articulado de la parte de la acreditacióndebe contener disposiciones inclusivas y específicas para que la necesaria igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que exige la constitución sea una realidad. 
  • Se habló por parte del Ministerio de un plazo de transición de 3 años y se ha quedado en solo 6 meses. Inaceptable. Exigimos un plazo de transición suficientemente amplio para que ninguna persona solicitante pudiera sentir indefensión por un cambio de reglas de juego a mitad de la partida.
  • El requisito de al menos tres sexenios para catedráticos y dos para titular a los miembros de las comisiones, choca con la escasa consideración que tienen los sexenios como mérito para la acreditación en este real decreto. Para ser coherentes, hay que aumentar significativamente el valor del número de sexenios en los procesos de acreditación a TU y a CU.
  • Se trata de un proceso de evaluación de méritos requerido por el Estado y no de un concurso de méritos optativo. Por lo tanto, la imposición de tasas,  además de tener poco encaje legal, parece inferir más un ánimo recaudador y disuasorio.
  • En la LOSU, artículo 71.2, se recoge «Las universidades establecerán programas de promoción interna, que estén dotados en el estado de gastos de su presupuesto, para el acceso desde la categoría de Profesora y Profesor Titular de Universidad y de Profesora y Profesor Permanente Laboral a otra de superior categoría”. Sin embargo, en el RD se ha eliminado al Profesorado Permanente Laboral de estos programas de promoción interna.
  • Uno de los cambios más importantes en este RD es que el certificado de acreditación deja de estar vinculado a una rama de conocimiento determinada y pasa a tener carácter universal. Para CSIF, las acreditaciones obtenidas antes de la entrada en vigor del nuevo procedimiento recogido en este RD deberían ser consideradas también de carácter universal de cara a los futuros concursos de plazas de profesorado.
  • El RD señala que “En el caso de resolución negativa, el interesado o interesada no podrá solicitar una nueva acreditación hasta que no hayan transcurrido doce meses desde la presentación de la solicitud evaluada de forma desfavorable”. Desde CSIF estimamos que no tendría que existir esta penalización de 12 meses y que se debería permitir solicitarlo de nuevo en cuanto se resuelva la anterior solicitud.

Evolución de los Reales Decretos de desarrollo de la LOSU tras la convocatoria de elecciones generales

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  • Desde CSIF nos tememos que quedan en el aire normas fundamentales como el Estatuto del PDI y el Estatuto del Becario
  • El Gobierno paraliza también la nueva EBAU

Os trasladamos la información que hemos optenido del Secretario General de Universidades:

La situación de adelanto electoral hace inviable que las tramitaciones de todos estos Reales Decretos lleguen a término dado que, entre otros aspectos, los informes preceptivos para todos ellos no son posibles en el breve periodo de tiempo que existe antes de las elecciones.

En consecuencia, se ha decidido por parte del Ministerio lo siguiente:

  1. Continuar con la tramitación del Real Decreto de Doctorado y, aprovechando que su estado de tramitación hace más factible que se finalice en tiempo y forma, incluir algún aspecto que no se puede demorar como: I) La expedición de títulos universitarios oficiales obtenidos en el marco del Programa de Universidades Europeas de la Comisión Europea. II) Modificación de Real Decreto 641/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. III) La derogación del Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre, sobre Departamentos Universitarios.
  1. Priorizar la tramitación del Real Decreto por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos. Consideramos que este Real Decreto es un desarrollo normativo fundamental para la implantación de la LOSU, sin el cual aspectos tan importantes como las acreditaciones y los concursos quedarían sujetos a un marco normativo anterior, y en algún aspecto contradictorio, a la LOSU, lo que dificultaría mucho el trabajo de la ANECA en los próximos meses. Esto implica la salida inmediata del proyecto de Real Decreto al procedimiento de información y audiencia pública, lo que obviamente implica la posibilidad de efectuar alegaciones y modificaciones al texto que se remita.
  1. De momento, no continuar con la tramitación de los Reales Decretos de ámbitos de conocimiento y de organización de los Departamentos universitarios.

Asimismo, se nos ha indicado la disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a posponer la entrada en vigor de la obligatoriedad de las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes universitarios en prácticas.

¿Llegarán la mejora de las retribuciones?

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En especial de los colectivos de PDI más precarios, como profesorado asociado, ayudantes y ayudantes doctores, así como del resto de figuras de PDI laboral.

Desde el Sindicato CSIF os informamos que al haber tenido conocimiento de que se ha emitido ya el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, último trámite necesario para la aprobación de la modificación del Decreto 174/2002, que regula el Régimen y las Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas, hemos solicitado a la Dirección General de Universidades que la aprobación por el Consell de dicha modificación se produzca a la mayor brevedad posible, ya que hasta la toma de posesión del nuevo Consell el actual continúa ejerciendo su labor en funciones y mantiene sus atribuciones para el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Esta es la solicitud que les hemos remitido hoy mismo:

«Al haberse dado a conocer recientemente por parte del Consell Jurídic 
Consultiu que este ha emitido el dictamen del Proyecto Decreto por el que se modifica el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Govern Valencià, los representantes del Sindicato CSIF en la Mesa de Universidades consideramos que, al haberse completado con la elaboración del dictamen todos los trámites necesarios para la aprobación por el Consell de la modificación del decreto, esta debería producirse a la mayor brevedad posible dado que hasta la toma de posesión del nuevo Consell el actual continúa ejerciendo su labor en funciones y mantiene sus atribuciones para el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos que nos informen sobre la situación de la aprobación de la citada modificación y cuándo prevén que se lleve a cabo.

La aprobación de esta modificación del decreto es prioritaria, ya que supondrá una importante mejora de las retribuciones, en especial de los colectivos de PDI más precarios, como profesorado asociado, ayudantes y ayudantes doctores, así como del resto de figuras de PDI laboral. Dichas mejoras salariales tendrían efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

Os informaremos puntualmente de lo que nos respondan.

Un saludo muy cordial

Nuevos problemas y graves diferencias con el sistema de acreditaciones de la LOSU

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En los últimos años, la ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos ha generado en las acreditaciones de PDI laboral evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito.

Incluso, algunas de las regulaciones autonómicas de la acreditación llegaron a crear figuras laborales incompatibles con su supuesto anclaje en la LOU. Al no existir en su catálogo de acreditaciones, se producía la imposibilidad de acreditación por la ANECA para esas figuras privativas de las respectivas legislaciones autonómicas.

Pues bien, la LOSU viene a blindar el sistema de acreditaciones autonómicas en el ámbito del profesorado laboral y a extenderlo a los cuerpos de funcionarios (art. 69.1 del Proyecto de LOSU: “La ANECA acordará, mediante convenio, el desarrollo de la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas.”). El resultado previsible serán los problemas de equidad, movilidad, homologación y el fraccionamiento también de los cuerpos de funcionarios (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad).

Además, hay que tener en cuenta la disparidad de criterios para conceder las acreditaciones por las agencias de calidad autonómicas. Como ejemplo, el cuasi automatismo de la UNIBASQ vasca, que con el reconocimiento de 4 ikertramos (sexenios de investigación) proporciona 50 de los 80 puntos necesarios para obtener la acreditación a profesor contratado doctor, o la AQU catalana, que no considera la docencia a la hora de acreditar a la figura de catedrático laboral.

Con la aplicación de la LOSU, la disparidad de criterios se haría extensiva al PDI funcionario, que en la actualidad se rige por el criterio único de la ANECA. Las agencias autonómicas tendrán que buscar acuerdos de reconocimiento mutuo de las acreditaciones pero, a la hora de evaluar, no todas lo harán de la misma forma, porque evaluarán distintas personas. Además, no parece seguro que la ANECA y todas las CCAA pacten y firmen convenios de colaboración.

CSIF lleva al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para que recuperen las pagas extras íntegras

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  • El Gobierno retiene 30.000 millones de euros de la paga extra de los empleados públicos desde 2010
  • Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 18 por ciento desde 2010
  • El acuerdo del Gobierno con CC.OO. y UGT agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos


CSIF, avisa de que: “vamos a un conflicto generalizado en las Administraciones Públicas” (Justicia, Sanidad, Educación, Universidades, Prisiones, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicios de Empleo, Inspección de Trabajo, entre otras) “si Gobierno y CC.AA. no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos”

En concreto, la ILP registrada en el Congreso pretende derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectadas 2 millones de personas en todas las administraciones. Esta situación se suma a la pérdida global del 18 por ciento del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación.

Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de clase que agrava el empobrecimiento

Recientemente, Gobierno y los sindicatos de clase CC.OO. y UGT firmaron un acuerdo que agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos. Se trata del primer acuerdo salarial de la historia en el que se pierde poder adquisitivo nada más aplicarse: en 2022 perdimos cinco puntos ya que el IPC cerró en un 8,5 y la subida fue del 3,5. Por este motivo, CSIF se ha dirigido al presidente del Gobierno para exigir la renegociación de las condiciones retributivas de las/os empleados públicos y la mejora de sus condiciones laborales. Las condiciones económicas del referido acuerdo son inferiores a las recogidas en el pacto firmado por la patronal y los sindicatos UGT y CC. OO., donde se recomienda una subida de los salarios del 4% para este año, un 3% para 2024 y otro 3% para 2025. Además, incluye una cláusula de revisión salarial que podría elevar la remuneración de los trabajadores hasta un 1% más cada uno de estos tres años si la inflación se eleva por encima de estos porcentajes.

Última hora: CSIF gana las elecciones sindicales en:

  • La Universidad de La Coruña
  • La Universidad de Castilla-La Mancha

CSIF pide a la ANECA soluciones para las comisiones de acreditación de Ingeniería Química, de los Materiales, del Medio Natural, Ciencias de la Educación y Económicas.

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Tras denunciar de forma reiterada lo que está ocurriendo, desde CSIF os remitimos el texto literal del correo que hemos enviado a la Directora de la ANECA pidiendo soluciones y actuaciones urgentes ante los alarmantes resultados de determinadas comisiones de acreditación.

“Estimada Sra.:

En CSIF estamos muy preocupados por la deriva que están tomando algunas comisiones de acreditación de ANECA, como la de Ingeniería Química, de los Materiales, del Medio Natural o la de Ciencias de la Educación, que presentan un alto porcentaje de rechazo de las solicitudes de acreditación a cátedra. Algo similar ocurre, por poner otro ejemplo, con la comisión de Ciencias Económicasen las resoluciones de CU+TU.

Estos porcentajes de acreditaciones negativas nos parecen muy graves dado el gran impacto que tienen para la carrera académica de los solicitantes. No resulta entendible que, dado el alto grado de esfuerzo personal que supone la consecución de los méritos que ANECA tiene publicados para la obtención de la acreditación, los solicitantes se presenten en porcentajes tan altos (más del doble que en el resto de comisiones) con méritos insuficientes.

Entendemos además que en los informes justificativos de acreditaciones negativas deben ser personales y deben ser redactados de manera detallada justificando los motivos de rechazo de méritos que llevan a la acreditación negativa.

En esa línea, deberían evitarse los actualmente realizados “informes modelo” de comunicación basados en frases genéricas, que en el mejor de los casos no hacen más que referencias vagas sobre los méritos aportados por los candidatos y que, aparte de no ser útiles para la mejora del CV de los solicitantes, generan una absoluta indefensión y la imposibilidad de realizar alegaciones precisas, concretas y adecuadas, que garanticen el legítimo derecho a una reclamación razonada.

Para ello, desde CSIF exigimos que los informes de resultados sean más detallados motivando cada exclusión de mérito en base a la información para la valoración publicada para conocimiento general.

Igualmente exigimos que las instrucciones añadidas o de interpretación, si las hubiera para una o varias comisiones, sean exclusivamente las aprobadas por ANECA y sean públicas evitando así posibles suspicacias sobre aplicación de criterios particulares propios de cada comisión desconocidos por las personas solicitantes.

Desde CSIF exigimos a ANECA que realice los controles internos necesarios a las Comisiones de Acreditación que están generando unos porcentajes anormalmente bajos de acreditados.

Desde CSIF exigimos a ANECA que se realice además una auditoría, preferiblemente externa, del funcionamiento de  todas las comisiones, especialmente sobre las Comisiones de Acreditación que están generando un nos porcentaje anormalmente bajos de acreditados, para identificar y en su caso poner el remedio cuanto antes, localizar dónde está el problema y a qué se deben las aparentes discrepancias de entendimiento sobre lo que indica el sistema de evaluación entre los miembros de las áreas que solicitan la acreditación a estas comisiones y los miembros de estas mismas áreas designados por ANECA para evaluar las acreditaciones.

Todas estas demandas que CSIF lleva realizando desde hace tiempo exigen una respuesta rápida ante el clima de descontento y frustración que las últimas actuaciones de determinadas comisiones están provocando en el numeroso colectivo de profesores e investigadores afectados”.

Última hora: CSIF gana las elecciones sindicales del PDI de la Universidad de Granada

La LOSU y el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios

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  • Aprobada la LOSU en el Congreso entrará en vigor en breve plazo
  • La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario supone para el PAS un texto poco ambicioso, muy generalista y que se limita a recoger lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

No obstante, desde CSIF nos congratulamos de haber conseguido incorporar al PAS en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que el Capítulo V se refiera íntegramente al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de las universidades públicas.

Además, se recoge por primera vez en el Artículo 90 la demanda planteada por CSIF de que “Este personal podrá desarrollar su Carrera profesional, mediante la progresión de grado, categoría, escala o nivel, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y con la remuneración correspondiente a cada uno de ellos, atendiendo a su trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos, la formación acreditada y la evaluación de su desempeño”. Asimismo, podrá desarrollar su carrera profesional, mediante el ascenso en la estructura de puestos de trabajo, atendiendo a la valoración de sus méritos, su grado de especialización y las aptitudes por razón de la especificidad de la función que desempeña y la experiencia adquirida.

Para CSIF resulta positivo que el texto incluya la posibilidad de establecer programas de incentivos para este colectivo, vinculados a sus méritos individuales y a su contribución en la mejora de la actividad que desempeña en relación con la docencia, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento o la gestión y prestación de servicios especializados.

Del mismo modo, se nos antoja interesante que la Ley recoja que “las universidades implantarán, asimismo, planes anuales de formación a lo largo de la vida” y planes plurianuales destinados a la movilidad, incluida la movilidad internacional.

La última redacción, diferenciando entre acceso y provisión, mejora un apartado que creaba confusión aunque, a nuestro juicio, sigue sobrando la referencia a la posibilidad de concurrencia de personal perteneciente a cuerpos y escalas de las Administraciones Públicas.

Por último, es de valorar que se refleje en el texto otra reiterada demanda de CSIF como es la recogida en la Disposición transitoria novena. Proceso de estabilización de las plazas del personal técnico, de gestión y de administración y servicios de las universidades públicas. Antes del 31 de diciembre de 2024 y conforme a lo establecido por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, las universidades públicas deberán articular procesos de estabilización de las plazas de su personal técnico, de gestión y de administración y servicios. El sistema de selección en estos procesos será el de concurso o concurso-oposición garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. Estas plazas no computarán en la tasa de reposición de efectivos.

No obstante, CSIF rechaza los recortes al peso del PAS y del PDI no permanente en el Claustro.Aumenta la representación de los estudiantes a costa de estos dos colectivos (tendrán que repartirse un escaso 24%) que vuelven a ser nuevamente maltratados en la LOSU. Sin embargo, al final, hemos conseguido recuperar el representante del PAS en los Consejos Sociales de las universidades.