• Aprobada la LOSU en el Congreso entrará en vigor a los 20 días de su inminente publicación en el BOE
• Recoge un plazo de seis meses para que el Gobierno presente un proyecto de ley del Estatuto del PDI

Promueve la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que fomentará duplicidades y frenará la movilidad, incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos.

Ni resuelve la temporalidad ni asegura la estabilidad. No ofrece garantías de continuidad, ni financiación específica para la estabilización lo que hace imposible llegar al 8% de temporalidad. El paso de los Asociados a contratos indefinidos no es una estabilización real y efectiva.

Fomenta la laboralización de las plantillas en detrimento de los cuerpos docentes universitarios (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad).

Cronificará la precariedad generando problemas a Asociados, Ayudantes Doctores, Visitantes y Sustitutos. Al topar a 120 horas, habrá problemas con la docencia y reducción de retribuciones para los profesores Asociados. Genera temor a despidos masivos en los concursos.

La ausencia de un marco común en las acreditaciones acabará con la homogeneidad en la evaluación del PDI funcionario. En las acreditaciones y sexenios de laborales y funcionarios no habrá unidad de criterio y serán evaluaciones distintas. Hace necesario un RD de acreditaciones.

Blinda la “tasa de reposición” para el PDI lo que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas.

Ignora a los contratados predoctorales, ningunea a los investigadores posdoctorales y minusvalora la importancia de la investigación en las universidades.

No hay una carrera académica clara, ágil y predecible. Se tardarán muchos años antes de llegar a conseguir una plaza de funcionario o laboral indefinido lo que dificultará la urgente renovación de las plantillas. 

No mejora el sistema retributivo del PDI. Ni hay complemento de calidad docente ni se incentiva al profesorado. Persiste en un sistema retributivo adicional individualizado de evaluación permanente. Habrá diferencias retributivas entre laborales y funcionarios.

Dilata elementos  claves para docentes e investigadores al desarrollo posterior de un Estatuto del PDI que nacerá encorsetado y condicionado por la LOSU.

No existe una transitoriedad real en su aplicación lo que resta la necesaria seguridad jurídica y afectará negativamente a la estabilización y a la carrera académica del PDI.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobada de manera definitiva en el Congreso y entrará en vigor a los 20 días de su inminente publicación en el BOE

Considerada por la inmensa mayoría como “una oportunidad perdida”, la LOSU ha sido calificada negativamente por todos los colectivos universitarios: profesores, investigadores, personal de administración, estudiantes, rectores, sindicatos, consejos sociales, etc.

Para CSIF, no va a resolver los problemas de la universidad del siglo XXI pero, además, desvertebra el Sistema Universitario Español al haber estado centrada en concesiones a los socios independentistas del Gobierno de coalición, resulta de imposible cumplimiento al no ir acompañada de financiación y afectará negativamente al funcionamiento de las universidades ya que generará incertidumbre e inestabilidad.

¿Cuáles son las señas de identidad de la LOSU?

Realizada sin negociación y sin consenso: sin el acuerdo de la comunidad universitaria, sin el compromiso de las comunidades autónomas, sin el refrendo sindical, sin los informes del Consejo de Universidades y del Consejo de Estado.

Desregula aspectos importantes y se convierte en una ley de mínimos. El Ministerio de Universidades, las CCAA y las universidades tendrán que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de decretos, normas y reglamentos.

Planteada sin compromiso de financiación: el objetivo del 1% del PIB es una mera declaración de intenciones, no presenta Memoria Económica, incrementará los costes y no recoge financiación ni partidas presupuestarias concretas para estabilización o renovación de plantillas de PDI y PAS.

Fragmentará en 17 el Sistema Universitario Español: cada comunidad autónoma presentará diferentes y variadas tipologías de profesorado, de becas, de acreditaciones, de tasas, de estatutos, de claustros, favoreciendo las desigualdades y la falta de equidad y homogeneidad.

No atiende las necesidades de la sociedad: no incrementa la participación de la sociedad en las universidades, renuncia a superar la falta de transparencia y rendición de cuentas y disminuye las competencias de los Consejos Sociales .

Elude la necesaria reforma y modernización de la gobernanza: hay un presidencialismo excesivo, implica déficits democráticos y generará incertidumbre y crisis institucionales en el medio plazo.

Ningunea a los investigadores posdoctorales y minusvalora la importancia de la investigación que se realiza en las universidades (cerca del 80% de la investigación que se hace a nivel nacional) a la que inexplicablemente dedica muy pocos artículos.

Fomenta la politización de las universidades permitiendo en el artículo 45.2 g el posicionamiento político e ideológico de los claustros y acabando con la neutralidad en los campus.

No hay una estrategia real de internacionalización, no promueve la empleabilidad, ni el emprendimiento, ni el mecenazgo.

Limita la autonomía universitaria al otorgar a las Comunidades Autónomas la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT,s) de PAS y PDI.

Aprobada en el Senado, la LOSU vuelve al Congreso

CSIF rechaza abiertamente la LOSU, pero alertamos que mientras las Comunidades Autónomas no desarrollen la normativa que prevé la LOSU y los campus no reformen sus estatutos, no se podrían convocar concursos. Buscamos seguridad jurídica para el PDI, aclarando el régimen transitorio y permitiendo atender las exigencias de profesorado del curso 2023/2024.

Por lo tanto y, como ya sabéis, hemos presentado a los Grupos Parlamentarios en el Senado propuestas de enmiendas para:

• Poder seguir convocándose conforme a la LOMLOU concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios (TU y CU)
• Acabar con la incertidumbre de los Ayudantes Doctores y poder seguir contratando temporalmente bajo la figura de Profesor Contratado Doctor

• El desarrollo de temas claves queda en manos de la decisión particular de cada comunidad autónoma
• Desmantela los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas
• No garantiza una financiación estable y suficiente ni marca un procedimiento para que los fondos lleguen a las universidades
• Retuerce y complica la estabilidad que necesita gran parte de la plantilla de PDI

CSIF rechaza el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El sindicato considera que tras su tramitación parlamentaria, el texto incide aún más en desregular aspectos importantes, dejar en manos de las comunidades autónomas temas vitales, limitar el alcance de los cambios que requería Europa y ha terminado convirtiéndose en una ley de mínimos.

Esta desregulación universitaria ya trufa toda la norma con la excusa de la diversidad y la autonomía, pero ahora se ha visto incrementada con la aceptación de la práctica totalidad de las enmiendas de ERC, Bildu y el PNV, creando el riesgo de romper la igualdad y el marco común básico, fragmentando el sistema universitario español: cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán en temas claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de figuras de profesorado laboral.

Además, el Ministerio de Universidades -pero también las Comunidades Autónomas y las propias Universidades-, tendrán que habilitar un muy largo período de adaptabilidad a través de Decretos y Reglamentos lo que ralentizará y demorará medidas necesarias y urgentes que no admiten más dilación como la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas.

Durante el trámite parlamentario se ha desviado la atención hacia temas como el derecho al paro académico, la segregación por sexo en colegios mayores, el fomento de las lenguas cooficiales o quién puede ser rector, sin poner el interés en asuntos vitales para el sistema universitario como la financiación, la carrera académica, la precariedad de las plantillas, la estabilidad o la conexión con la sociedad y la economía.

Por otro lado, el texto tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas (quita los porcentajes de PDI funcionario, excluye a figuras como Ayudantes Doctores y Asociados Ciencias de la Salud del cómputo de PDI laboral, crea figuras laborales análogas a TU y CU, etc.). En definitiva, el proyecto de LOSU mantiene y potencia la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que fomenta duplicidades y frena la movilidad, generando problemas de homologación e incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos.

Sobre financiación, CSIF considera que la LOSU debería tener un objetivo más ambicioso y acorde con la UE, llegando hasta el 1´5% del PIB, puesto que hoy estamos en el 0’8% y muchas universidades públicas españolas que en los últimos diez años bajaron un 20% su financiación, sufren una infrafinanciación recurrente e imposible de mantener durante más tiempo. Además, no existe un plazo concreto de cumplimiento del objetivo de 1% de PIB marcado ni un procedimiento claro y directo para que los fondos lleguen a las universidades.

Para CSIF debería haber asignaciones presupuestarias concretas para la regeneración de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad. Recordamos que el proyecto de LOSU tampoco tiene Memoria Económica ni detalle de la financiación y, al no haber aportación estatal, podría cargar de deudas a las comunidades autónomas que son las que tienen que sufragar los gastos.

Por último, el proyecto mantiene un modelo de autogobierno universitario desfasado y alejado de las recomendaciones del informe de la OCDE que constata “la necesidad de rediseñar los sistemas de gobernanza de las universidades para aumentar su colaboración con la sociedad y la rendición de cuentas, evitando la injerencia política en sus operaciones mediante una autonomía funcional más efectiva”.

CSIF considera, y así lo manifestó en la comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, que la LOSU debería tener un objetivo más ambicioso y acorde con la UE, llegando hasta el 1´5% del PIB. Criticamos que no exista Memoria Económica, ni un plazo concreto de cumplimiento del objetivo de PIB marcado, ni un procedimiento claro y directo para que los fondos lleguen a las universidades. Para CSIF, además, debería haber asignaciones presupuestarias concretas para la regeneración de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad.

Entre los diversos actores afectados, crecen las dudas sobre las necesidades y las formas de financiación de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El presidente de Crue reclama 2.500 millones y ha subrayado la necesidad de que en la futura LOSU «se detallen finalmente los plazos y responsabilidades» del aumento de la inversión en Educación Superior hasta el 1% del PIB. Algunos rectores, como el de la Universidad Pública de Navarra, han señalado que para cumplir la LOSU deberían duplicar el presupuesto que tienen actualmente.