La LOSU no beneficia al Personal Docente e Investigador de las universidades públicas

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  • Aprobada la LOSU en el Congreso entrará en vigor a los 20 días de su inminente publicación en el BOE
  • Recoge un plazo de seis meses para que el Gobierno presente un proyecto de ley del Estatuto del PDI

Promueve la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que fomentará duplicidades y frenará la movilidad, incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos.

Ni resuelve la temporalidad ni asegura la estabilidad. No ofrece garantías de continuidad, ni financiación específica para la estabilización lo que hace imposible llegar al 8% de temporalidad. El paso de los Asociados a contratos indefinidos no es una estabilización real y efectiva.

Fomenta la laboralización de las plantillas en detrimento de los cuerpos docentes universitarios (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad).

Cronificará la precariedad generando problemas a Asociados, Ayudantes Doctores, Visitantes y Sustitutos. Al topar a 120 horas, habrá problemas con la docencia y reducción de retribuciones para los profesores Asociados. Genera temor a despidos masivos en los concursos.

La ausencia de un marco común en las acreditaciones acabará con la homogeneidad en la evaluación del PDI funcionario. En las acreditaciones y sexenios de laborales y funcionarios no habrá unidad de criterio y serán evaluaciones distintas. Hace necesario un RD de acreditaciones.

Blinda la “tasa de reposición” para el PDI lo que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas.

Ignora a los contratados predoctorales, ningunea a los investigadores posdoctorales y minusvalora la importancia de la investigación en las universidades.

No hay una carrera académica clara, ágil y predecible. Se tardarán muchos años antes de llegar a conseguir una plaza de funcionario o laboral indefinido lo que dificultará la urgente renovación de las plantillas. 

No mejora el sistema retributivo del PDI. Ni hay complemento de calidad docente ni se incentiva al profesorado. Persiste en un sistema retributivo adicional individualizado de evaluación permanente. Habrá diferencias retributivas entre laborales y funcionarios.

Dilata elementos  claves para docentes e investigadores al desarrollo posterior de un Estatuto del PDI que nacerá encorsetado y condicionado por la LOSU.

No existe una transitoriedad real en su aplicación lo que resta la necesaria seguridad jurídica y afectará negativamente a la estabilización y a la carrera académica del PDI.

Sobran los motivos para rechazar la LOSU

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La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobada de manera definitiva en el Congreso y entrará en vigor a los 20 días de su inminente publicación en el BOE

Considerada por la inmensa mayoría como “una oportunidad perdida”, la LOSU ha sido calificada negativamente por todos los colectivos universitarios: profesores, investigadores, personal de administración, estudiantes, rectores, sindicatos, consejos sociales, etc.

Para CSIF, no va a resolver los problemas de la universidad del siglo XXI pero, además, desvertebra el Sistema Universitario Español al haber estado centrada en concesiones a los socios independentistas del Gobierno de coalición, resulta de imposible cumplimiento al no ir acompañada de financiación y afectará negativamente al funcionamiento de las universidades ya que generará incertidumbre e inestabilidad.

¿Cuáles son las señas de identidad de la LOSU?

Realizada sin negociación y sin consenso: sin el acuerdo de la comunidad universitaria, sin el compromiso de las comunidades autónomas, sin el refrendo sindical, sin los informes del Consejo de Universidades y del Consejo de Estado.

Desregula aspectos importantes y se convierte en una ley de mínimos. El Ministerio de Universidades, las CCAA y las universidades tendrán que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de decretos, normas y reglamentos.

Planteada sin compromiso de financiación: el objetivo del 1% del PIB es una mera declaración de intenciones, no presenta Memoria Económica, incrementará los costes y no recoge financiación ni partidas presupuestarias concretas para estabilización o renovación de plantillas de PDI y PAS.

Fragmentará en 17 el Sistema Universitario Español: cada comunidad autónoma presentará diferentes y variadas tipologías de profesorado, de becas, de acreditaciones, de tasas, de estatutos, de claustros, favoreciendo las desigualdades y la falta de equidad y homogeneidad.

No atiende las necesidades de la sociedad: no incrementa la participación de la sociedad en las universidades, renuncia a superar la falta de transparencia y rendición de cuentas y disminuye las competencias de los Consejos Sociales .

Elude la necesaria reforma y modernización de la gobernanza: hay un presidencialismo excesivo, implica déficits democráticos y generará incertidumbre y crisis institucionales en el medio plazo.

Ningunea a los investigadores posdoctorales y minusvalora la importancia de la investigación que se realiza en las universidades (cerca del 80% de la investigación que se hace a nivel nacional) a la que inexplicablemente dedica muy pocos artículos.

Fomenta la politización de las universidades permitiendo en el artículo 45.2 g el posicionamiento político e ideológico de los claustros y acabando con la neutralidad en los campus.

No hay una estrategia real de internacionalización, no promueve la empleabilidad, ni el emprendimiento, ni el mecenazgo.

Limita la autonomía universitaria al otorgar a las Comunidades Autónomas la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT,s) de PAS y PDI.

Mesa General de Universidades

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Desde el CSIF os informamos que este lunes, 27 de febrero, se celebró la reunión de la Mesa General de Universidades en la que están representados la Generalitat, las universidades públicas y los sindicatos con mayor representación en el ámbito universitario de la Comunitat Valenciana (CCOO, CSIF, STEPV y UGT).

El punto principal que se sometía a la aprobación de la Mesa era la Modificación del Decreto 174/2002, del Gobierno Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario. La Mesa aprobó por unanimidad dicha modificación.

Al comienzo de la reunión la Directora General de Universidades, Pilar Azpeleta, nos volvió a reiterar que la reforma del decreto que se ha hecho solo afecta a las mejoras retributivas negociadas en el Preacuerdo del Convenio Colectivo del Personal Laboral, firmado en abril de 2019 y a la adaptación de dicho decreto a las nuevas figuras de PDI que establece la LOSU (se añaden las figuras de Profesorado Permanente Laboral, Profesorado Sustituto y Profesorado Distinguido).

Fuera de esas cuestiones, y debido sobre todo a la urgencia de que dicha modificación sea aprobada por el Consell antes de las próximas elecciones, no contemplan incluir ninguna otra modificación más aunque se comprometen a que lo primero que nos sentemos a negociar en la Mesa General de Universidades, una vez ya aprobada y en vigor esta primera modificación del Decreto 174/2002, sean cuestiones tan importantes como el derecho a los complementos de productividad por actividad investigadora (sexenios) de las figuras del PDI laborales temporales, quinquenios, trienios para todas las figuras de profesorado laboral temporal (profesorado sustituto) y otros temas pendientes que desde CSIF consideramos prioritario abordar.

Os informamos que finalmente se ha logrado que, de acuerdo con la alegación presentada por CSIF, la fecha de entrada en vigor de todas las mejoras salariales que conlleva la modificación del Decreto 174/2002 sea el 1 de enero de 2023, con independencia de la fecha en que finalmente se publique dicha modificación. En el texto de la modificación de decreto que nos han estado presentando hasta ayer esto no constaba por lo que desde nuestro sindicato nos congratulamos de que finalmente se haya conseguido.

También se incluyen en la modificación del decreto los importes derivados del reconocimiento del complemento de antigüedad (trienios) para todo el profesorado asociado, que se abonarán reconociendo toda la antigüedad que se tenga a partir de la entrada en vigor de los efectos económicos de la modificación del decreto. Esto también supone una mejora ya que hay universidades valencianas en las que el profesorado asociado no percibe dicho complemento de antigüedad, es decir, no se le reconocen ni abonan trienios. En los puntos de la modificación del Decreto referentes al derecho del reconocimiento del complemento de antigüedad para todos los asociados también se ha admitido la propuesta de CSIF.

Las responsables de la Conselleria de Universidades nos explicaron que el martes, 28 de febrero, se iba a informar al Consejo Valenciano de Universidades de los términos de la Modificación del Decreto 174/2002 con toda la documentación que ya tenían preparada al efecto. Una vez informado el Consejo Valenciano lo siguiente será proseguir con su tramitación, que incluiría todavía varios informes preceptivos favorables, para poder elevarla con la mayor celeridad que sea posible a la aprobación del Consell.

Como ya os hemos dicho anteriormente, somos conscientes de que en estos momentos la prioridad es conseguir que se aprueben por fin las mejoras retributivas que implica la aprobación de la modificación del decreto y la firma del Convenio colectivo, pero una vez que esto se haya conseguido, desde CSIF seguiremos trabajando para lograr el reconocimiento de otros derechos pendientes como los complementos por méritos investigadores y docentes del PDI laboral temporal, trienios para aquellas figuras de PDI laboral que no los tienen, etc.

CSIF reclama que la Seguridad Social reconozca la cotización de los becarios de investigación anteriores a 2011

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El futuro Estatuto del Becario debe regular su situación

– Hay miles de afectados/as a quienes no se les reconoce su antigüedad y perderán derechos de cara a su jubilación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a exigir una normativa que reconozca la cotización a la Seguridad Social del tiempo trabajado como becario/a de investigación porque hay miles de trabajadores en este país que está sufriendo una situación de discriminación respecto a otros colectivos y es una reivindicación de justicia.

Este colectivo, que ahora trabaja fundamentalmente en Universidades y Organismos Públicos de Investigación, se ve doblemente penalizado: ahora, porque les afecta con respecto a trienios, promoción, complementos docentes, etc. y de cara a su futuro porque habrán perdido años de cotización de cara a su jubilación y a sus pensiones, entre otros efectos.

La situación afecta tanto al antiguo personal investigador en formación con beca predoctoral como al personal que obtuvo beca posdoctoral.

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La ANECA señala que no habrá homogeneidad si las CCAA evalúan a los docentes funcionarios como dice la LOSU

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Os extractamos parte de las declaraciones de la directora de la ANECA en El Mundo que confirman los recelos manifestados de manera reiterada por CSIF sobre los problemas que se van a generar con el cambio en la acreditación en la LOSU.

  • Ceder a las agencias dependientes de las CCAA la evaluación de los profesores funcionarios, como hace la LOSU, “puede  generar el problema de que no haya unidad de criterio”.
  • Las agencias tendrán que acordar unos criterios mínimos, pero, a la hora de evaluar, no todas lo harán de la misma forma, porque evaluarán distintas personas.
  • No va a haber homogeneidad aunque se llegue a unos criterios comunes.
  • La LOSU dice que en un año, la ANECA y las agencias autonómicas deben pactar convenios de colaboración. Lo lógico es que sean criterios consensuados y firmados, lo que no es seguro que pase.
  • El programa Docentia para evaluar la actividad docente del profesorado se llevó a las agencias autonómicas y se acordaron unos mínimos comunes, pero lo han firmado todas salvo la agencia catalana.

Aceptadas en el Senado las propuestas de enmiendas de CSIF para poder convocar concursos de acceso

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Aprobada en el Senado, la LOSU vuelve al Congreso

CSIF rechaza abiertamente la LOSU, pero alertamos que mientras las Comunidades Autónomas no desarrollen la normativa que prevé la LOSU y los campus no reformen sus estatutos, no se podrían convocar concursos. Buscamos seguridad jurídica para el PDI, aclarando el régimen transitorio y permitiendo atender las exigencias de profesorado del curso 2023/2024.

Por lo tanto y, como ya sabéis, hemos presentado a los Grupos Parlamentarios en el Senado propuestas de enmiendas para:

  • Poder seguir convocándose conforme a la LOMLOU concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios (TU y CU)
  • Acabar con la incertidumbre de los Ayudantes Doctores y poder seguir contratando temporalmente bajo la figura de Profesor Contratado Doctor
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CSIF apoya la huelga convocada por los Profesores Asociados

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  • El sindicato ha defendido ante Castells y ante Subirats que las medidas sobre profesores asociados recogidas en la LOSU ni aseguran la estabilidad ni acaban con la precariedad
  • Transformar por concurso el contrato actual en contrato indefinido -en la misma figura de Profesor Asociado- no supone una estabilización real y efectiva
  • Pedimos al Senado que recoja las demandas laborales y salariales de uno de los colectivos más precarios de la Administración Pública española

CSIF respalda la huelga convocada para los profesores asociados a partir de principios del mes de febrero contra el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que no aporta garantías de estabilidad ni de renovación de contratos como hemos defendido en la negociación con el Ministerio de Universidades, en las propuestas de enmiendas presentadas a los Grupos Parlamentarios y en la comparecencia en el Congreso de los Diputados.

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