El día 28 de septiembre tuvo lugar una reunión, fundamentalmente de carácter informativo, entre la Consellera de Universidades, Carolina Pascual, la Secretaria Autonómica, Carmen Beviá y representantes de las organizaciones sindicales. Os explicamos a continuación los temas que se abordaron y la información que nos dieron.
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Velaremos porque el Gobierno no trate de cambiar este régimen: hay una gran incertidumbre entre el personal funcionario
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha iniciado una ronda de contactos con los portavoces de los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo para exigirles que se mantenga el actual régimen de jubilación de las clases pasivas.
Según ha podido saber CSIF, la propuesta que se está debatiendo en la Comisión del Pacto de Toledo sobre pensiones, respecto al régimen de clases pasivas, recomienda al Gobierno avanzar, en lo posible, en su convergencia con las condiciones del Régimen General.
CSIF, en la tarde del martes, se reunió con el portavoz y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. En dicha reunión CSIF trasladó a los parlamentarios la preocupación del personal funcionario sobre el futuro del régimen de clases pasivas que afecta directamente a su jubilación y solicitó su apoyo en la defensa del régimen de clases pasivas.
Los portavoces manifestaron a CSIF que existe un firme compromiso de su partido en la defensa del régimen de clases pasivas. Muestra de dicho compromiso es el recurso interpuesto por su Grupo Parlamentario ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 15/2020 que introduce la modificación sobre las competencias de clases pasivas. Por último, nos informaron que su Grupo Parlamentario exigirá a la Comisión del Pacto de Toledo la supresión de la propuesta sobre la convergencia del régimen de clases pasivas con las condiciones del régimen general.
Desde el sindicato, continuaremos la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para solicitar su compromiso y seguiremos vigilantes para que el Gobierno no trate de cambiar el sistema de protección del personal funcionario, sobre todo, en un momento de tanta incertidumbre como el actual, con debates abiertos como el del futuro de las pensiones o el retraso en la edad de jubilación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones públicas, manifiesta su rechazo a una
congelación salarial de los empleados/as públicos, tras las informaciones
periodísticas sobre esta cuestión.
Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las
escuelas, institutos y universidades, que nos atienden en los centros de
salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como
los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este
tipo, ni que se les trate con globos sonda. Exigimos la apertura de la
negociación sindical de inmediato.
CSIF pidió ayer al Ministerio de Política Territorial y Función Pública
iniciar ya una negociación, en el marco de los próximos Presupuestos
Generales del Estado, para abordar las retribuciones y la oferta de empleo
público, ante las necesidades acuciantes de reforzar las plantillas de las
administraciones en todos los ámbitos (Sanidad, Educación, Universidades,
Servicios Sociales, Justicia y Administración General del Estado entre
otros).
Así, reclamamos al Gobierno que se siente a negociar cuanto antes un acuerdo
de legislatura para mejorar las condiciones laborales de los empleados/as
públicos, en el marco de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
CSIF recuerda que el colectivo de empleados(as públicos ha estado en primera
línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la
pandemia y hoy sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía
reciba servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las
prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en
dificultades.
CSIF recuerda además que los empleados públicos arrastran una pérdida del
poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, por lo
que reivindicaremos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación
progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las
retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para
reforzar las plantillas donde sea necesario.
Entendiendo las dificultades que atraviesa la economía, es preciso avanzar
en aspectos como la carrera profesional, el establecimiento de las 35 horas
y de manera urgente en una regulación del teletrabajo y la solución al
problema de la temporalidad.
Rechazamos su objetivo fundamental de crear por primera vez en la Universidad una carrera laboral completa paralela a la funcionarial
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha advertido al Secretario General de Universidades de que la reforma universitaria que prepara el ministerio no introduce medidas explícitas para acabar con la precariedad actual de los docentes e investigadores laborales que suman más de la mitad de la plantilla en las universidades públicas españolas.
Sigue leyendoDesde el Sindicato CSIF os informamos a continuación de las convocatorias de reunión que hemos recibido recientemente tanto por parte de los responsables del Ministerio de Universidades como también de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual:
1º – Convocada para el 10 de septiembre nueva reunión de CSIF con el Ministro de Universidades para debatir sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades y, muy previsiblemente, sobre el borrador de Estatuto del PDI.
Se retoman así las reuniones de las Organizaciones Sindicales más representativas con el Ministerio de Universidades, al igual que las de otros colectivos y actores sociales e institucionales, a la espera de que se constituya una auténtica mesa de negociación sindical. La primera reunión del 13 de julio resultó fallida y poco pudo sacarse en claro respecto a un borrador de Estatuto de PDI nada atractivo que, a juicio de CSIF, merece una enmienda a la totalidad.
Previamente a la segunda reunión, celebrada el 31 de julio, nuestro sindicato envío al ministro Castells un documento con valoraciones que pueden contribuir a plantear, revisar y profundizar los puntos claves para el personal docente e investigador de las Universidades Públicas Españolas. Entre otras cuestiones CSIF ha planteado:
2º – La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, nos ha propuesto mantener una reunión por videoconferencia el 28 de septiembre con la finalidad de abordar determinados temas relacionados con el profesorado de las universidades públicas valencianas.
Además de estas reuniones previstas estamos a la espera de los resultados de las que mantenga el Ministro de Universidades, Manuel Castells, que se reunirá con los rectores de las universidades el jueves 3 de septiembre, representados por el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, con el objetivo de abordar el nuevo curso universitario 2020-2021 en el contexto de la pandemia de COVID-19 y ante la enorme incertidumbre provocada por los actuales datos de contagios existentes.
Desde CSIF os manifestamos nuestra enorme preocupación por la evolución de la situación y la rigurosa implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de alumnos, PDI y PAS.
Ante la evolución de la pandemia y para garantizar la seguridad y salud de alumnos, PAS y PDI el ministerio y las universidades deben revisar y actualizar los planes y protocolos de actuación para el inicio del curso universitario 2020-2021
Con carácter general, lo último publicado el 10 de junio fueron las recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada que se adjuntan. A partir de aquí, cada universidad
debía aprobar sus planes, estrategias y medidas, de conformidad con su situación específica y en connivencia con los gobiernos autonómicos.
Las universidades deben haber afrontado durante estos meses la situación con adaptación de espacios, implementación de medidas de higiene y protección, previsión de docencia presencial, mixta y on line, publicidad de las medidas adoptadas, planes de contingencia de acuerdo con las Comunidades Autónomas, estrategias de digitalización y formación, consulta y negociación con los Comités de Seguridad y Salud y con los representantes de los trabajadores, etc.
CSIF insiste en que otras claves fundamentales están en la necesidad de reforzar las plantillas de PDI y PAS, realizar abundante formación en nuevas tecnologías e incrementar los recursos económicos para adquirir y mantener equipos informáticos y nuevas plataformas digitales.
Ahora no se trata de ser alarmista, sino de constatar una realidad evidente que manifiestan los rebrotes y el número de contagios: el escenario ha cambiado radicalmente desde mediados de junio a día de hoy y la evolución de la pandemia hace las recomendaciones insuficientes y obliga -sobre todo en los territorios más afectados- a revisar y actualizar los planes y protocolos de actuación. La inquietud y la incertidumbre se extiende entre estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios que consideran que en algunas universidades se han tomado medidas escasas, imprecisas e insuficientes.
En este asunto no vale escudarse en la autonomía universitaria y el gobierno debería liderar y coordinar el inicio de curso y proponer medidas homogéneas para todas las universidades públicas ya que se va a hacer necesario la adopción de nuevas actuaciones y últimos ajustes en temas como la docencia virtual, la ejecución de las prácticas, secuenciar el acceso entre titulaciones, ajustar la programación en las aulas informáticas o la rotación de grupos en las zonas más castigadas por el Covid-19.
Por último, el gobierno debería hacer llegar ya a las universidades los 400 millones del llamado Fondo Covid de ayuda para el comienzo de curso en las universidades. Estos 400 millones son el 20% del fondo adicional para fines educativos que el gobierno va a entregar a las comunidades autónomas. Recordamos que los gastos extraordinarios y no previstos en sus presupuestos realizados estos meses por las universidades (acondicionamiento de espacios,
compra de equipos informáticos y plataformas digitales, contrataciones, etc.) se han sufragado a partir de otras partidas que no pueden quedar desatendidas.