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CSIF inicia contactos con los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo y exige garantías del modelo de clases pasivas

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Velaremos porque el Gobierno no trate de cambiar este régimen: hay una gran incertidumbre entre el personal funcionario  

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha iniciado una ronda de contactos con los portavoces de los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo para exigirles que se mantenga el actual régimen de jubilación de las clases pasivas.

Según ha podido saber CSIF, la propuesta que se está debatiendo en la Comisión del Pacto de Toledo sobre pensiones, respecto al régimen de clases pasivas, recomienda al Gobierno avanzar, en lo posible, en su convergencia con las condiciones del Régimen General”.

CSIF, en la tarde del martes, se reunió con el portavoz y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. En dicha reunión CSIF trasladó a los parlamentarios la preocupación del personal funcionario sobre el futuro del régimen de clases pasivas que afecta directamente a su jubilación y solicitó su apoyo en la defensa del régimen de clases pasivas.

Los portavoces manifestaron a CSIF que existe un firme compromiso de su partido en la defensa del régimen de clases pasivas. Muestra de dicho compromiso es el recurso interpuesto por su Grupo Parlamentario ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 15/2020 que introduce la modificación sobre las competencias de clases pasivas. Por último, nos informaron que su Grupo Parlamentario exigirá a la Comisión del Pacto de Toledo la supresión de la propuesta sobre la convergencia del régimen de clases pasivas con las condiciones del régimen general.

Desde el sindicato, continuaremos la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para solicitar su compromiso y seguiremos vigilantes para que el Gobierno no trate de cambiar el sistema de protección del personal funcionario, sobre todo, en un momento de tanta incertidumbre como el actual, con debates abiertos como el del futuro de las pensiones o el retraso en la edad de jubilación.

CSIF rechaza la congelación salarial y reclama un acuerdo de mejora de condiciones laborales de los empleados/as públicos

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  • Los empleados públicos están en primera línea manteniendo el país frente an la pandemia y no aceptaremos medidas unilaterales. Exigimos negociación ya.
  • No aceptaremos recortes: arrastramos una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones públicas, manifiesta su rechazo a una
congelación salarial de los empleados/as públicos, tras las informaciones
periodísticas sobre esta cuestión.

Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las
escuelas, institutos y universidades, que nos atienden en los centros de
salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como
los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este
tipo, ni que se les trate con globos sonda. Exigimos la apertura de la
negociación sindical de inmediato.

CSIF pidió ayer al Ministerio de Política Territorial y Función Pública
iniciar ya una negociación, en el marco de los próximos Presupuestos
Generales del Estado, para abordar las retribuciones y la oferta de empleo
público, ante las necesidades acuciantes de reforzar las plantillas de las
administraciones en todos los ámbitos (Sanidad, Educación, Universidades,
Servicios Sociales, Justicia y Administración General del Estado entre
otros).

Así, reclamamos al Gobierno que se siente a negociar cuanto antes un acuerdo
de legislatura para mejorar las condiciones laborales de los empleados/as
públicos, en el marco de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

CSIF recuerda que el colectivo de empleados(as públicos ha estado en primera
línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la
pandemia y hoy sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía
reciba servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las
prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en
dificultades.

CSIF recuerda además que los empleados públicos arrastran una pérdida del
poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, por lo
que reivindicaremos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación
progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las
retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para
reforzar las plantillas donde sea necesario.

Entendiendo las dificultades que atraviesa la economía, es preciso avanzar
en aspectos como la carrera profesional, el establecimiento de las 35 horas
y de manera urgente en una regulación del teletrabajo y la solución al
problema de la temporalidad.

CSIF advierte sobre la reforma universitaria que prepara el Gobierno porque aumentará la precariedad del profesorado

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Rechazamos su objetivo fundamental de crear por primera vez en la Universidad una carrera laboral completa paralela a la funcionarial 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha advertido al Secretario General de Universidades de que la reforma universitaria que prepara el ministerio no introduce medidas explícitas para acabar con la precariedad actual de los docentes e investigadores laborales que suman más de la mitad de la plantilla en las universidades públicas españolas.

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Convocada nueva reunión con el Ministro Universidades y próxima reunión con Consellera Universidades

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Desde el Sindicato CSIF os informamos a continuación de las convocatorias de reunión que hemos recibido recientemente tanto por parte de los responsables del Ministerio de Universidades como también de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual: 

1º – Convocada para el 10 de septiembre nueva reunión de CSIF con el Ministro de Universidades para debatir sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades y, muy previsiblemente, sobre el borrador de Estatuto del PDI. 

Se retoman así las reuniones de las Organizaciones Sindicales más representativas con el Ministerio de Universidades, al igual que las de otros colectivos y actores sociales e institucionales, a la espera de que se constituya una auténtica mesa de negociación sindical. La primera reunión del 13 de julio resultó fallida y poco pudo sacarse en claro respecto a un borrador de Estatuto de PDI nada atractivo que, a juicio de CSIF, merece una enmienda a la totalidad. 

Previamente a la segunda reunión, celebrada el 31 de julio, nuestro sindicato envío al ministro Castells un documento con valoraciones que pueden contribuir a plantear, revisar y profundizar los puntos claves para el personal docente e investigador de las Universidades Públicas Españolas. Entre otras cuestiones CSIF ha planteado:

  • Enmienda a la totalidad ante un giro de 180º en el sistema universitario español que genera mucha incertidumbre y deja más interrogantes que respuestas: falta detalle en las figuras del PDI, ausencia de memoria económica, sin coordinación entre regulación LOU y Estatuto PDI, contradicciones entre ambas normas, etc.
  • Rechazo a la política de optar por la laboralización de la plantilla del PDI frente a la disminución de los cuerpos docentes universitarios. CSIF se manifiesta frontalmente en contra de una carrera dual y paralela que se generaliza con la creación de las figuras de TU y CU laboral. En vez de racionalizar la estructura del PDI, se fomentan duplicidades, se crean diferencias y se favorecen las arbitrariedades a la hora de las contrataciones.
  • Problemas en la carrera académico-docente e inseguridad e incertidumbre para las actuales figuras de profesores laborales: Ayudantes Doctores, Contratados Doctores, Visitantes, Contratados Doctores interinos, etc. Tampoco hay soluciones reales para combatir la actual precariedad de los Profesores Asociados. CSIF ha propuesto para este colectivo valorar la experiencia docente en la universidad en los futuros concursos a las nuevas figuras de PDI.
  • Oposición a los cambios en el proceso de acreditación a las diferentes figuras de PDI que introducen un nuevo proceso dual que no simplificará  el proceso, pero sí puede introducir más sesgos y distorsiones en el sistema viendo las disfunciones y disparidades de criterios entre las diferentes agencias de evaluación. Castells tomó nota de la petición de CSIF para la puesta en marcha inmediata de la acreditación transversal.
  • Incertidumbre en relación a la dedicación del PDI: indefinición de las actividades docentes no lectivas, problemas con la carga de los profesores no doctores y del profesorado asociado. CSIF se mostró favorable a derogar el decreto Wert pero manteniendo siempre la reducción docente por investigación reconocida.
  • Problemas en otros aspectos  claves como el PDI vinculado (Sanidad), la movilidad, la ausencia de referencia a figuras contractuales que define la Ley de la Ciencia, los nuevos problemas que pueden generarse con las modificaciones en los Concursos de Acceso y las Comisiones de Selección del PDI permanente, la ausencia de mejora en las retribuciones y los niveles de las figuras de PDI, etc.

2º – La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, nos ha propuesto mantener una reunión por videoconferencia el 28 de septiembre con la finalidad de abordar determinados temas relacionados con el profesorado de las universidades públicas valencianas. 

Además de estas reuniones previstas estamos a la espera de los resultados de las que mantenga el Ministro de Universidades, Manuel Castells, que se reunirá con los rectores de las universidades el jueves 3 de septiembre, representados por el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, con el objetivo de abordar el nuevo curso universitario 2020-2021 en el contexto de la pandemia de COVID-19 y ante la enorme incertidumbre provocada por los actuales datos de contagios existentes.

Desde CSIF os manifestamos nuestra enorme preocupación por la evolución de la situación y la rigurosa implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de alumnos, PDI y PAS.

El ministerio y las universidades deben revisar y actualizar los protocolos de actuación para el inicio del curso universitario 2020-2021

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Ante la evolución de la pandemia y para garantizar la seguridad y salud de alumnos, PAS y PDI el ministerio y las universidades deben revisar y actualizar los planes y protocolos de actuación para el inicio del curso universitario 2020-2021

  • CSIF señala que el gobierno tiene que liderar y coordinar el inicio de curso y remitir ya a las universidades los 400 millones del Fondo Covid
  • Las universidades deben asegurar que la información sobre lasmedidas sanitarias y educativas se actualiza y  llega a todos los colectivos

Con carácter general, lo último publicado  el 10 de junio fueron las “recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada” que se adjuntan. A partir de aquí, cada universidad
debía aprobar sus planes, estrategias y medidas, de conformidad con su situación específica y en connivencia con los gobiernos autonómicos.

Las universidades deben haber afrontado durante estos meses la situación con adaptación de espacios, implementación de medidas de higiene y protección, previsión de docencia presencial, mixta y on line, publicidad de las medidas adoptadas, planes de contingencia de acuerdo con las Comunidades Autónomas, estrategias de digitalización y formación, consulta y negociación con los Comités de Seguridad y Salud y con los representantes de los trabajadores, etc. 

CSIF insiste en que otras claves fundamentales están en la necesidad de reforzar las plantillas de PDI y PAS, realizar abundante formación en nuevas tecnologías e incrementar los recursos económicos para adquirir y mantener equipos informáticos y nuevas plataformas digitales.

Ahora no se trata de ser alarmista, sino de constatar una realidad evidente que manifiestan los rebrotes y el número de contagios: el escenario ha cambiado radicalmente desde mediados de junio  a día de hoy y la evolución de la pandemia hace las recomendaciones insuficientes y obliga -sobre todo en los territorios más afectados- a revisar y actualizar los planes y protocolos de actuación. La inquietud y la incertidumbre se extiende entre estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios que consideran que en algunas universidades se han tomado medidas escasas, imprecisas e insuficientes.

En este asunto no vale escudarse en la autonomía universitaria y el gobierno debería liderar y coordinar el inicio de curso y proponer medidas homogéneas para todas las universidades públicas ya que se va  a hacer necesario la adopción de nuevas actuaciones y últimos ajustes en temas como la docencia virtual, la ejecución de las prácticas, secuenciar el acceso entre titulaciones, ajustar la programación en las aulas informáticas o la rotación de grupos en las zonas más castigadas por el Covid-19.

Por último, el gobierno debería hacer llegar ya a las universidades los 400 millones del llamado Fondo Covid de ayuda para el comienzo de curso en las universidades. Estos 400 millones son el 20% del fondo adicional para fines educativos que el gobierno va a entregar a las comunidades autónomas. Recordamos que los gastos extraordinarios y no previstos en sus presupuestos realizados estos meses por las universidades (acondicionamiento de espacios,
compra de equipos informáticos y plataformas digitales, contrataciones, etc.) se han sufragado a partir de otras partidas que no pueden quedar desatendidas.

El Ministerio de Universidades anuncia la creación de un nuevo Sexenio de Docencia

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Hemos tenido que comprobar la fecha de hoy y no es 28 de diciembre.

El Secretario General de Universidades  anunció la creación de un nuevo Sexenio de Docencia durante el acto de presentación del informe “Los retos de las universidades españolas ante la transformación digital” de la REDFUE y Conferencia de Consejos Sociales. Aunque se trata de la primera noticia que tenemos al respecto, desde CSIF esperamos que éste anuncio se convierta pronto en una realidad (necesaria y beneficiosa para el PDI) y que se gestione de una manera más eficaz y menos caótica que el sexenio de transferencia.

CSIF exige a Sanidad que garantice el mantenimiento del mutualismo administrativo

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  • El ministerio estudia la financiación de las mutuas y genera la inquietud del colectivo de funcionarios
  • Seguridad Social sigue sin asegurar las condiciones del sistema de clases pasivas tras el traspaso de competencias a este departamento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dirigido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios.

CSIF se hace eco de la inquietud que ha generado un documento en el que trabaja el Ministerio de Sanidad donde se anuncia la intención de abordar la financiación de las mutuas. Medios de comunicación informan de que esta propuesta pretende suprimir este modelo.

CSIF recuerda que el sistema de mutualismo administrativo ha convivido con el Sistema Nacional de Salud desde su nacimiento con el fin de dar cobertura a un régimen de la Seguridad Social al colectivo de funcionarios (que hasta la transición democrática se encontraban desprotegidos). El sistema de mutualismo administrativo, pese a su déficit de financiación, reduce además la presión asistencial en el sistema público y garantiza la viabilidad del Sistema Nacional de Salud.

El pasado 22 de abril, el Gobierno aprovechó un real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por el Covid-19 para traspasar la gestión de las mutuas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar este traspaso, en el trámite del decreto como proyecto de Ley, con el fin de que se pueda eliminar esta modificación.

La gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, ha pasado a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas.

Por este motivo, CSIF también se ha dirigido al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que a día de hoy sigue sin garantizar el mantenimiento de las condiciones actuales del sistema de clases pasivas.

En una carta, en respuesta a la CSIF –donde le preguntábamos de manera expresa si el Gobierno tiene previsto modificar la normativa sobre el régimen de clases pasivas, prestaciones y pensiones, y si va a proceder a suprimir el Mutualismo Administrativo—lejos de zanjar la cuestión, el ministerio indicó que se abordarán “más adelante”. “En relación con el resto de cuestiones que plantea en su escrito, deberán ser abordadas más adelante una vez tengan asumidas las competencias los distintos departamentos ministeriales”, señala el escrito.

Para CSIF, la contestación del ministro, lejos de asegurar la continuidad del régimen de clases pasivas y el mantenimiento del Mutualismo Administrativo, deja entrever, que primero trasladan las competencias de la gestión al Ministerio del que es titular y en un tiempo relativamente corto abordarán cuales son los objetivos del Gobierno en la materia.

Nuevo estatuto del PDI

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Tras cinco meses de espera, el ministro Manuel Castells nos ha presentado su propuesta.

En nuestra opinión, el Estatuto de Personal Docente e Investigador complica y precariza aún más la carrera profesional en la Universidad  

  • La propuesta de Castells agravará la inestabilidad laboral: no recoge una sola medida que beneficie a los colectivos más vulnerables como los profesores asociados
  • No incluye Memoria Económica: desconocemos sus objetivos de inversión ni sus alternativas salariales
  •  No va acompañada de una ruta de negociación con los representantes del PDI ni en plazos ni en contenidos 
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Inaceptable precariedad y temporalidad del PDI Laboral

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Desde CSIF venimos denunciando la inaceptable precariedad y temporalidad del PDI Laboral de las universidades públicas.

Nuestro sindicato está pidiendo que se limite la temporalidad, posibilitar la promoción y el paso a la carrera académica, acabar con la tasa de reposición y por tanto poder realizar amplias convocatorias de plazas para la estabilización del PDI laboral, que además garanticen para el futuro la renovación generacional en los departamentos.

El Boletín Estadístico del Empleo Público, recientemente elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas con datos de enero de 2020, recoge un total de 101.693 PDI en las universidades públicas españolas.

Del montante global, el PDI funcionario sólo alcanza la cifra de 41.079 (40.564 funcionarios de carrera y 515 funcionarios interinos) con una tasa de interinidad del 1,25%.

Mientras, el PDI laboral suma ya 60.614 trabajadores (12.351 laborales fijos y 48.263 laborales temporales) con un 79,62% de temporalidad. Según datos del propio Ministerio de Universidades, 33.954 son profesores asociados que representan un 34,1% del conjunto del PDI de las universidades públicas.

De manera que, en el presente curso, solo el 40,39% de los profesores de universidades públicas son funcionarios mientras que más del 59%, incumpliendo la Lay Orgánica de Universidades, son contratados laborales en sus diferentes figuras docentes.

Además, si miramos la tendencia reflejada en el último informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español” publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, observamos que las universidades públicas perdieron 5.719 profesores funcionarios en el periodo comprendido entre el curso 2011/12 y el curso 2016/17 mientras siguió incrementándose con fuerza el número de contratados con una tasa de variación anual al alza del 4,6%.

Por estas razones evidentes desde CSIF defendemos y apoyamos:

  • Limitar la temporalidad, posibilitar la promoción y el paso a la carrera académica, acabar con la tasa de reposición y realizar amplias convocatorias de plazas para la estabilización del PDI laboral.
  • La existencia y el necesario incremento del número de PDI funcionario de los cuerpos docentes universitarios y rechazamos su sustitución por plazas de PDI laborales de Titular de Universidad y Catedrático de Universidad, tal y como apunta claramente el Borrador preliminar del Estatuto del PDI que se nos ha presentado.

En resumen, la Universidad no puede desempeñar con dignidad y eficacia sus funciones cuando una parte considerable del PDI está afectado por un grado alarmante de precariedad laboral.

Por lo que se refiere a la situación de absoluta parálisis del Convenio del Personal laboral de las Universidades Valencianas, a pesar del trabajo incesante que hemos venido desarrollando desde CSIF y otras organizaciones sindicales, tanto en su negociación desde el origen, posterior firma del Preacuerdo y todas las acciones que hemos emprendido con las distintas administraciones implicadas, somos pesimistas y nos tememos que difícilmente se vaya a lograr su firma. La Generalitat, que se había comprometido a hacerlo, se negó posteriormente a ello aduciendo causas legales impuestas por las limitaciones de gasto en materia retributiva que obligan a las administraciones de las comunidades autónomas, siendo esta razón bastante curiosa ya que dichas limitaciones estaban también vigentes cuando se comprometieron a firmar el Convenio, tras la firma simbólica del Preacuerdo, en abril de 2018.

En estos momentos, y cuando desde el Ministerio de Universidades se está elaborando un Estatuto del PDI que contempla la creación de nuevas figuras docentes de carácter laboral y la extinción de otras, que puede estar aprobado en el plazo de ocho o diez meses más, dudamos del interés de los responsables del Ministerio, a los que también se lo hemos pedido, en facilitar la firma del convenio. No obstante, seguiremos insistiendo en el cumplimiento, por parte de los responsables políticos y también de las universidades, de los compromisos que adquirieron con nosotros tras varios años de esfuerzo negociador. 

CSIF denuncia el malestar y la decepción de docentes e investigadores universitarios ante los pobres resultados del Sexenio de Transferencia

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Su falta de rigor, sus contradicciones y sus retrasos lo han revelado como un auténtico fiasco

  • La tasa de éxito alcanzó un exiguo y denigrante 42,47%.
  • Ha fallado el procedimiento, la comunicación y la transparencia.
  • No ha habido protocolo único y sí una evaluación de criterios injusta y contradictoria, especialmente en áreas multidisciplinares.
  • No se han cumplido las expectativas generadas ante un proyecto piloto.
  • Han primado más los condicionantes económicos que los anunciados criterios amplios y genéricos. 
  • Seguimos sin conocer los criterios e instrucciones de las evaluaciones.
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