– Exigimos la convocatoria urgente de la mesa de negociación para negociar un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar la subida de este año y cerrar ya la oferta de empleo público de este año, sin tasa de reposición

– El Gobierno aún retiene 1.800 millones de euros a las/os empleados del conjunto de las administraciones públicas

El Consejo de Ministros ha aprobado por fin la subida del 0,5 por ciento pendiente del año pasado. Han hecho falta, decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año y hasta la presentación de una queja formal en el Ministerio de Presidencia el pasado mes de mayo, que por fin hoy ha tenido sus frutos se hace efectiva.

CSIF ha tenido constancia de que el personal habilitado de los ministerios ha
recibido orden para realizar ya el abono de estos atrasos que esperemos se abonen en la nómina de julio en el conjunto de las administraciones públicas.

Por otra parte, reclamamos se convoque sin más demora la mesa de negociación para otros temas pendientes como un nuevo acuerdo salarial (las/os empleados públicos siguen sin conocer la subida correspondiente a este año) o la oferta de empleo público, sin tasa de reposición.

Según cálculos de CSIF a partir de las retribuciones medias, la congelación salarial retiene ya 1.800 millones de euros a las/os trabajadores del conjunto de las administraciones.

Como consecuencia de la evolución de los precios (el último IPC correspondiente al mes de junio arrojó una subida del 2,2 por ciento) los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8 por ciento desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20 por ciento desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010.

Para CSIF, más allá del anuncio del abono del 0,5 pendiente, es necesario iniciar la negociación para un nuevo acuerdo de legislatura donde se contemplen entre otros:

• Iniciar la negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar la subida de este año y recuperar poder adquisitivo. 

• Culminar la negociación de nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición. 

• Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

• Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.

• Recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010

• Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas.

• La adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones.

• La implementación de la carrera profesional en todas las administraciones.

– Exigimos la convocatoria urgente de la mesa de negociación para negociar un nuevo acuerdo salarial y la oferta de empleo público de este año, sin tasa de reposición.

Elministro de Función Pública, Óscar López, se ha comprometido a abonar ¿en breve¿ la subida adicional del 0,5 pendiente del año pasado, un día después de que CSIF registrara en el Ministerio de la Presidencia una queja formal a Pedro Sánchez.

El Ejecutivo aún no ha abonado la subida adicional del 0,5 por ciento para corregir la variación del IPC en los últimos tres años (2022, 2023 y 2024). Por eso, reclamamos que sin más demora se abonen estos atrasos por la vía del decreto y se convoque la mesa de negociación para otros temas pendientes como un nuevo acuerdo salarial (las/os empleados públicos siguen sin conocer la subida correspondiente a este año) o la oferta de empleo público, sin tasa de reposición.

* Porque están basadas en una normativa desfasada (RD de retribuciones de 1989), discriminatoria con respecto al PDI laboral y no homologable con el resto de administraciones públicas 

* Porque el salario se sustenta en un sistema de retribuciones adicionales (Quinquenios, Sexenios, Complementos autonómicos) ligados a méritos individuales de evaluación permanente

* Porque suponen unas retribuciones miserables y precarias durante la mitad de la dilatada carrera académica (estabilización laboral a figuras permanentes y salario digno a partir de los 48 años)

* Porque presenta enormes diferencias (800 €/mes para Ayudante Doctor o más de 700 €/mes para Contratado Doctor o Profesor Permanente Laboral) según la CC.AA. o la Universidad en la que se trabaje

• Es necesaria una revisión salarial. El acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, con la oposición de CSIF, está desfasado y es el culpable de que perdamos poder de compra.
• Seguimos defendiendo subidas salariales reales.
• Alcemos la voz: si tú no te conformas, nosotros tampoco.

En especial de los colectivos de PDI más precarios, como profesorado asociado, ayudantes y ayudantes doctores, así como del resto de figuras de PDI laboral.

Desde el Sindicato CSIF os informamos que al haber tenido conocimiento de que se ha emitido ya el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, último trámite necesario para la aprobación de la modificación del Decreto 174/2002, que regula el Régimen y las Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas, hemos solicitado a la Dirección General de Universidades que la aprobación por el Consell de dicha modificación se produzca a la mayor brevedad posible, ya que hasta la toma de posesión del nuevo Consell el actual continúa ejerciendo su labor en funciones y mantiene sus atribuciones para el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Esta es la solicitud que les hemos remitido hoy mismo:

«Al haberse dado a conocer recientemente por parte del Consell Jurídic 
Consultiu que este ha emitido el dictamen del Proyecto Decreto por el que se modifica el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Govern Valencià, los representantes del Sindicato CSIF en la Mesa de Universidades consideramos que, al haberse completado con la elaboración del dictamen todos los trámites necesarios para la aprobación por el Consell de la modificación del decreto, esta debería producirse a la mayor brevedad posible dado que hasta la toma de posesión del nuevo Consell el actual continúa ejerciendo su labor en funciones y mantiene sus atribuciones para el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos que nos informen sobre la situación de la aprobación de la citada modificación y cuándo prevén que se lleve a cabo.

La aprobación de esta modificación del decreto es prioritaria, ya que supondrá una importante mejora de las retribuciones, en especial de los colectivos de PDI más precarios, como profesorado asociado, ayudantes y ayudantes doctores, así como del resto de figuras de PDI laboral. Dichas mejoras salariales tendrían efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

Os informaremos puntualmente de lo que nos respondan.

Un saludo muy cordial

En los últimos años, la ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos ha generado en las acreditaciones de PDI laboral evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito.

Incluso, algunas de las regulaciones autonómicas de la acreditación llegaron a crear figuras laborales incompatibles con su supuesto anclaje en la LOU. Al no existir en su catálogo de acreditaciones, se producía la imposibilidad de acreditación por la ANECA para esas figuras privativas de las respectivas legislaciones autonómicas.

Pues bien, la LOSU viene a blindar el sistema de acreditaciones autonómicas en el ámbito del profesorado laboral y a extenderlo a los cuerpos de funcionarios (art. 69.1 del Proyecto de LOSU: “La ANECA acordará, mediante convenio, el desarrollo de la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas.”). El resultado previsible serán los problemas de equidad, movilidad, homologación y el fraccionamiento también de los cuerpos de funcionarios (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad).

Además, hay que tener en cuenta la disparidad de criterios para conceder las acreditaciones por las agencias de calidad autonómicas. Como ejemplo, el cuasi automatismo de la UNIBASQ vasca, que con el reconocimiento de 4 ikertramos (sexenios de investigación) proporciona 50 de los 80 puntos necesarios para obtener la acreditación a profesor contratado doctor, o la AQU catalana, que no considera la docencia a la hora de acreditar a la figura de catedrático laboral.

Con la aplicación de la LOSU, la disparidad de criterios se haría extensiva al PDI funcionario, que en la actualidad se rige por el criterio único de la ANECA. Las agencias autonómicas tendrán que buscar acuerdos de reconocimiento mutuo de las acreditaciones pero, a la hora de evaluar, no todas lo harán de la misma forma, porque evaluarán distintas personas. Además, no parece seguro que la ANECA y todas las CCAA pacten y firmen convenios de colaboración.

• El Gobierno retiene 30.000 millones de euros de la paga extra de los empleados públicos desde 2010
• Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 18 por ciento desde 2010
• El acuerdo del Gobierno con CC.OO. y UGT agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos

CSIF, avisa de que: “vamos a un conflicto generalizado en las Administraciones Públicas” (Justicia, Sanidad, Educación, Universidades, Prisiones, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicios de Empleo, Inspección de Trabajo, entre otras) “si Gobierno y CC.AA. no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos”

En concreto, la ILP registrada en el Congreso pretende derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectadas 2 millones de personas en todas las administraciones. Esta situación se suma a la pérdida global del 18 por ciento del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación.

Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de clase que agrava el empobrecimiento

Recientemente, Gobierno y los sindicatos de clase CC.OO. y UGT firmaron un acuerdo que agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos. Se trata del primer acuerdo salarial de la historia en el que se pierde poder adquisitivo nada más aplicarse: en 2022 perdimos cinco puntos ya que el IPC cerró en un 8,5 y la subida fue del 3,5. Por este motivo, CSIF se ha dirigido al presidente del Gobierno para exigir la renegociación de las condiciones retributivas de las/os empleados públicos y la mejora de sus condiciones laborales. Las condiciones económicas del referido acuerdo son inferiores a las recogidas en el pacto firmado por la patronal y los sindicatos UGT y CC. OO., donde se recomienda una subida de los salarios del 4% para este año, un 3% para 2024 y otro 3% para 2025. Además, incluye una cláusula de revisión salarial que podría elevar la remuneración de los trabajadores hasta un 1% más cada uno de estos tres años si la inflación se eleva por encima de estos porcentajes.

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