En especial de los colectivos de PDI más precarios, como profesorado asociado, ayudantes y ayudantes doctores, así como del resto de figuras de PDI laboral.
Desde el Sindicato CSIF os informamos que al haber tenido conocimiento de que se ha emitido ya el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, último trámite necesario para la aprobación de la modificación del Decreto 174/2002, que regula el Régimen y las Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas, hemos solicitado a la Dirección General de Universidades que la aprobación por el Consell de dicha modificación se produzca a la mayor brevedad posible, ya que hasta la toma de posesión del nuevo Consell el actual continúa ejerciendo su labor en funciones y mantiene sus atribuciones para el ejercicio de la potestad reglamentaria.
Esta es la solicitud que les hemos remitido hoy mismo:
«Al haberse dado a conocer recientemente por parte del Consell Jurídic
Consultiu que este ha emitido el dictamen del Proyecto Decreto por el que se modifica el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Govern Valencià, los representantes del Sindicato CSIF en la Mesa de Universidades consideramos que, al haberse completado con la elaboración del dictamen todos los trámites necesarios para la aprobación por el Consell de la modificación del decreto, esta debería producirse a la mayor brevedad posible dado que hasta la toma de posesión del nuevo Consell el actual continúa ejerciendo su labor en funciones y mantiene sus atribuciones para el ejercicio de la potestad reglamentaria.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos que nos informen sobre la situación de la aprobación de la citada modificación y cuándo prevén que se lleve a cabo.
La aprobación de esta modificación del decreto es prioritaria, ya que supondrá una importante mejora de las retribuciones, en especial de los colectivos de PDI más precarios, como profesorado asociado, ayudantes y ayudantes doctores, así como del resto de figuras de PDI laboral. Dichas mejoras salariales tendrían efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.
Os informaremos puntualmente de lo que nos respondan.
Un saludo muy cordial
En los últimos años, la ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos ha generado en las acreditaciones de PDI laboral evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito.
Incluso, algunas de las regulaciones autonómicas de la acreditación llegaron a crear figuras laborales incompatibles con su supuesto anclaje en la LOU. Al no existir en su catálogo de acreditaciones, se producía la imposibilidad de acreditación por la ANECA para esas figuras privativas de las respectivas legislaciones autonómicas.
Pues bien, la LOSU viene a blindar el sistema de acreditaciones autonómicas en el ámbito del profesorado laboral y a extenderlo a los cuerpos de funcionarios (art. 69.1 del Proyecto de LOSU: “La ANECA acordará, mediante convenio, el desarrollo de la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas.”). El resultado previsible serán los problemas de equidad, movilidad, homologación y el fraccionamiento también de los cuerpos de funcionarios (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad).
Además, hay que tener en cuenta la disparidad de criterios para conceder las acreditaciones por las agencias de calidad autonómicas. Como ejemplo, el cuasi automatismo de la UNIBASQ vasca, que con el reconocimiento de 4 ikertramos (sexenios de investigación) proporciona 50 de los 80 puntos necesarios para obtener la acreditación a profesor contratado doctor, o la AQU catalana, que no considera la docencia a la hora de acreditar a la figura de catedrático laboral.
Con la aplicación de la LOSU, la disparidad de criterios se haría extensiva al PDI funcionario, que en la actualidad se rige por el criterio único de la ANECA. Las agencias autonómicas tendrán que buscar acuerdos de reconocimiento mutuo de las acreditaciones pero, a la hora de evaluar, no todas lo harán de la misma forma, porque evaluarán distintas personas. Además, no parece seguro que la ANECA y todas las CCAA pacten y firmen convenios de colaboración.
CSIF, avisa de que: “vamos a un conflicto generalizado en las Administraciones Públicas” (Justicia, Sanidad, Educación, Universidades, Prisiones, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicios de Empleo, Inspección de Trabajo, entre otras) “si Gobierno y CC.AA. no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos”
En concreto, la ILP registrada en el Congreso pretende derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectadas 2 millones de personas en todas las administraciones. Esta situación se suma a la pérdida global del 18 por ciento del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación.
Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de clase que agrava el empobrecimiento
Recientemente, Gobierno y los sindicatos de clase CC.OO. y UGT firmaron un acuerdo que agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos. Se trata del primer acuerdo salarial de la historia en el que se pierde poder adquisitivo nada más aplicarse: en 2022 perdimos cinco puntos ya que el IPC cerró en un 8,5 y la subida fue del 3,5. Por este motivo, CSIF se ha dirigido al presidente del Gobierno para exigir la renegociación de las condiciones retributivas de las/os empleados públicos y la mejora de sus condiciones laborales. Las condiciones económicas del referido acuerdo son inferiores a las recogidas en el pacto firmado por la patronal y los sindicatos UGT y CC. OO., donde se recomienda una subida de los salarios del 4% para este año, un 3% para 2024 y otro 3% para 2025. Además, incluye una cláusula de revisión salarial que podría elevar la remuneración de los trabajadores hasta un 1% más cada uno de estos tres años si la inflación se eleva por encima de estos porcentajes.
Última hora: CSIF gana las elecciones sindicales en:
Desde el CSIF os informamos que este lunes, 27 de febrero, se celebró la reunión de la Mesa General de Universidades en la que están representados la Generalitat, las universidades públicas y los sindicatos con mayor representación en el ámbito universitario de la Comunitat Valenciana (CCOO, CSIF, STEPV y UGT).
El punto principal que se sometía a la aprobación de la Mesa era la Modificación del Decreto 174/2002, del Gobierno Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario. La Mesa aprobó por unanimidad dicha modificación.
Al comienzo de la reunión la Directora General de Universidades, Pilar Azpeleta, nos volvió a reiterar que la reforma del decreto que se ha hecho solo afecta a las mejoras retributivas negociadas en el Preacuerdo del Convenio Colectivo del Personal Laboral, firmado en abril de 2019 y a la adaptación de dicho decreto a las nuevas figuras de PDI que establece la LOSU (se añaden las figuras de Profesorado Permanente Laboral, Profesorado Sustituto y Profesorado Distinguido).
Fuera de esas cuestiones, y debido sobre todo a la urgencia de que dicha modificación sea aprobada por el Consell antes de las próximas elecciones, no contemplan incluir ninguna otra modificación más aunque se comprometen a que lo primero que nos sentemos a negociar en la Mesa General de Universidades, una vez ya aprobada y en vigor esta primera modificación del Decreto 174/2002, sean cuestiones tan importantes como el derecho a los complementos de productividad por actividad investigadora (sexenios) de las figuras del PDI laborales temporales, quinquenios, trienios para todas las figuras de profesorado laboral temporal (profesorado sustituto) y otros temas pendientes que desde CSIF consideramos prioritario abordar.
Os informamos que finalmente se ha logrado que, de acuerdo con la alegación presentada por CSIF, la fecha de entrada en vigor de todas las mejoras salariales que conlleva la modificación del Decreto 174/2002 sea el 1 de enero de 2023, con independencia de la fecha en que finalmente se publique dicha modificación. En el texto de la modificación de decreto que nos han estado presentando hasta ayer esto no constaba por lo que desde nuestro sindicato nos congratulamos de que finalmente se haya conseguido.
También se incluyen en la modificación del decreto los importes derivados del reconocimiento del complemento de antigüedad (trienios) para todo el profesorado asociado, que se abonarán reconociendo toda la antigüedad que se tenga a partir de la entrada en vigor de los efectos económicos de la modificación del decreto. Esto también supone una mejora ya que hay universidades valencianas en las que el profesorado asociado no percibe dicho complemento de antigüedad, es decir, no se le reconocen ni abonan trienios. En los puntos de la modificación del Decreto referentes al derecho del reconocimiento del complemento de antigüedad para todos los asociados también se ha admitido la propuesta de CSIF.
Las responsables de la Conselleria de Universidades nos explicaron que el martes, 28 de febrero, se iba a informar al Consejo Valenciano de Universidades de los términos de la Modificación del Decreto 174/2002 con toda la documentación que ya tenían preparada al efecto. Una vez informado el Consejo Valenciano lo siguiente será proseguir con su tramitación, que incluiría todavía varios informes preceptivos favorables, para poder elevarla con la mayor celeridad que sea posible a la aprobación del Consell.
Como ya os hemos dicho anteriormente, somos conscientes de que en estos momentos la prioridad es conseguir que se aprueben por fin las mejoras retributivas que implica la aprobación de la modificación del decreto y la firma del Convenio colectivo, pero una vez que esto se haya conseguido, desde CSIF seguiremos trabajando para lograr el reconocimiento de otros derechos pendientes como los complementos por méritos investigadores y docentes del PDI laboral temporal, trienios para aquellas figuras de PDI laboral que no los tienen, etc.
– La subida global para 2022, 2023 y 2024, no cubre siquiera la subida de la inflación de este año
– CSIF exige al Gobierno que cumpla ya sus compromisos pendientes sobre la organización del trabajo.
El Gobierno da excusas de «mal pagador», traiciona su palabra y vuelve a fallar a sus servidores públicos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta insuficiente a la propuesta de subida salarial planteada por el Gobierno para 2022, 2023 y 2024 acordada con CCOO y UGT.
La oferta final de Hacienda incluye una subida total del 6 por ciento para el conjunto de 2022, 2023 y 2024, más un 1,5 adicional vinculado a la evolución del PIB y del IPC. Por tanto, esta subida a tres años no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de este año y en 2022 se volvería a perder poder adquisitivo (5,5 puntos).
En el mejor de los casos, las personas que trabajan en el sector público obtendrían una actualización del 7,5 en tres años y no del 9,5 como asegura el Gobierno pretendiendo sumar los dos puntos que ya se subieron a principios de año y que ya están amortizados por la evolución de los precios. Hay que recordar que la plantilla de los organismos públicos arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20 por ciento y solo en los dos últimos años se ha perdido cerca de un 10 por ciento.
Por todo ello, CSIF rehusa esta precaria subida salarial que supone un desprecio a la labor de personas que trabajan en los organismos públicos. El Gobierno da excusas de «mal pagador», traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que jugaron un papel esencial en los peores momentos de la pandemia.
OTRAS CONDICIONES LABORALES:
Por otra parte, atendiendo a su responsabilidad, CSIF mantendrá una posición exigente para que el Gobierno cumpla ya otros compromisos pendientes en materia de condiciones laborales como la jornada, la implantación efectiva del teletrabajo y el desarrollo de la carrera profesional.
Hay que reseñar que el Gobierno ha fallado en el fondo y la forma. El borrador de acuerdo recoge cuestiones que ya podrían estar implantadas como normativa de carácter básico pendiente desde 2021 y medidas en materia de Igualdad acordadas desde 2019.
CSIF además de lo anterior propuso en la negociación otra serie de medidas prioritarias que seguiremos exigiendo:
Estudiaremos nuevas movilizaciones.
En relación a la negociación que estamos manteniendo sobre retribuciones salariales, desde el Sindicato CSIF os informamos que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha mejorado su propuesta salarial inicial vinculando dicha mejora a objetivos variables. La última oferta plantea una subida global del 6 por ciento ente los años 2022, 2023 y 2024, a la que se sumaría un 1,5 por ciento adicional que estaría vinculado y dependería de la evolución del coste de la vida.
En CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, consideramos que esta oferta es insuficiente, teniendo en cuenta los datos de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del colectivo de empleadas/os públicos (sólo en los últimos dos años se ha reducido más de un 10 por ciento nuestro poder de compra y más de un 20% desde 2010, cuando el Gobierno recortó el sueldo de los empleados públicos).
En concreto, la última oferta es la siguiente: un 1,5 por ciento más para 2022 con efectos retroactivos de fecha 1 de enero; un 2,5 por ciento fijo de subida para 2023 (al que se le sumaría un 0,5 por ciento adicional vinculado a la evolución del IPC medio de 2022 y 2023, si el incremento de los precios supera el 6%, más otro 0,5% vinculado al crecimiento del PIB, y finalmente un 2 por ciento fijo para el año 2024 con una variable adicional del 0,5 por ciento vinculada a la evolución de los precios si es que el IPC medio acumulado entre 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.
La propuesta de acuerdo que nos hacen contempla también una serie de medidas adicionales reivindicadas por CSIF en la negociación pero que el Gobierno no ha acabado de concretar todavía. Se trata de medidas relativas a la jornada laboral, clasificación profesional, igualdad de género, digitalización y diálogo social, atracción y retención del talento y mejora del teletrabajo. Estamos a la espera de que se produzca una mayor concreción sobre estos puntos.
CSIF además de lo anterior propuso en la negociación otra serie de medidas prioritarias que el Gobierno ha rechazado, tales como:
– Derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras anterior a los recortes.
– Supresión de la tasa de reposición para que las Administraciones puedan incrementar el número de plazas en sus Ofertas de Empleo y tener con carácter estable las plantillas que verdaderamente se necesitan.
– Habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre los empleados públicos, actualización de dietas.
– Incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, así como el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa.
– Modificación de la promoción interna flexibilizando la misma.
– El incremento de financiación a las Mutualidades para la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.
CSIF en su firme voluntad de mejorar las condiciones, tanto económicas como laborales para el conjunto de empleadas y empleados públicos, ha pedido un esfuerzo al Gobierno y desde nuestra organización estamos dispuestos a seguir negociando. Creemos que es el momento de reconocer el trabajo que hemos realizado durante la crisis y la pandemia.
Hoy lunes estamos convocados a una nueva reunión con el Ministerio de cuyos resultados os informaremos puntualmente.
Os facilitamos el enlace a alguno de los artículos de prensa publicados sobre las últimas noticias de esta negociación:
Comparecencia en el Congreso del responsable del área de Universidad de CSIF sobre la futura tramitación de la LOSU
– Pedimos actualizar el sistema retributivo del Personal Docente e Investigador, reformar la provisión de puestos del PAS y crear un capítulo específico para las figuras pre y postdoctorales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha advertido a los grupos parlamentarios que la redacción actual del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ahonda en la precariedad laboral del Personal Docente e Investigador (PDI) y carece de la financiación necesaria para mantener la media de la Unión Europea (UE).
Esto es lo que ha trasladado el vicepresidente del sector nacional de Educación y responsable del área de Universidades de CSIF, a los grupos parlamentarios, en su comparecencia hoy en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, para defender nuestras propuestas y enmiendas al citado proyecto de ley, que comenzará en breve su tramitación parlamentaria.
Caballero defendió durante su intervención que la redacción actual del texto tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios y fomenta la laboralización de las plantillas, lo que reducirá derechos y expectativas entre el Personal Docente e Investigador (PDI) para consolidar una carrera profesional.
CSIF considera que la LOSU es tan solo “una ley de mínimos”, y el Ministerio de Universidades tendrá que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de Decretos y Reglamentos. Creemos que, con la excusa de la diversidad, se romperá la igualdad y el marco común básico, fragmentando el Sistema Universitario Español: cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán a su modo en temas claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral.
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