CSIF pide a la ANECA soluciones para las comisiones de acreditación de Ingeniería Química, de los Materiales, del Medio Natural, Ciencias de la Educación y Económicas.

Tras denunciar de forma reiterada lo que está ocurriendo, desde CSIF os remitimos el texto literal del correo que hemos enviado a la Directora de la ANECA pidiendo soluciones y actuaciones urgentes ante los alarmantes resultados de determinadas comisiones de acreditación.

“Estimada Sra.:

En CSIF estamos muy preocupados por la deriva que están tomando algunas comisiones de acreditación de ANECA, como la de Ingeniería Química, de los Materiales, del Medio Natural o la de Ciencias de la Educación, que presentan un alto porcentaje de rechazo de las solicitudes de acreditación a cátedra. Algo similar ocurre, por poner otro ejemplo, con la comisión de Ciencias Económicasen las resoluciones de CU+TU.

Estos porcentajes de acreditaciones negativas nos parecen muy graves dado el gran impacto que tienen para la carrera académica de los solicitantes. No resulta entendible que, dado el alto grado de esfuerzo personal que supone la consecución de los méritos que ANECA tiene publicados para la obtención de la acreditación, los solicitantes se presenten en porcentajes tan altos (más del doble que en el resto de comisiones) con méritos insuficientes.

Entendemos además que en los informes justificativos de acreditaciones negativas deben ser personales y deben ser redactados de manera detallada justificando los motivos de rechazo de méritos que llevan a la acreditación negativa.

En esa línea, deberían evitarse los actualmente realizados “informes modelo” de comunicación basados en frases genéricas, que en el mejor de los casos no hacen más que referencias vagas sobre los méritos aportados por los candidatos y que, aparte de no ser útiles para la mejora del CV de los solicitantes, generan una absoluta indefensión y la imposibilidad de realizar alegaciones precisas, concretas y adecuadas, que garanticen el legítimo derecho a una reclamación razonada.

Para ello, desde CSIF exigimos que los informes de resultados sean más detallados motivando cada exclusión de mérito en base a la información para la valoración publicada para conocimiento general.

Igualmente exigimos que las instrucciones añadidas o de interpretación, si las hubiera para una o varias comisiones, sean exclusivamente las aprobadas por ANECA y sean públicas evitando así posibles suspicacias sobre aplicación de criterios particulares propios de cada comisión desconocidos por las personas solicitantes.

Desde CSIF exigimos a ANECA que realice los controles internos necesarios a las Comisiones de Acreditación que están generando unos porcentajes anormalmente bajos de acreditados.

Desde CSIF exigimos a ANECA que se realice además una auditoría, preferiblemente externa, del funcionamiento de  todas las comisiones, especialmente sobre las Comisiones de Acreditación que están generando un nos porcentaje anormalmente bajos de acreditados, para identificar y en su caso poner el remedio cuanto antes, localizar dónde está el problema y a qué se deben las aparentes discrepancias de entendimiento sobre lo que indica el sistema de evaluación entre los miembros de las áreas que solicitan la acreditación a estas comisiones y los miembros de estas mismas áreas designados por ANECA para evaluar las acreditaciones.

Todas estas demandas que CSIF lleva realizando desde hace tiempo exigen una respuesta rápida ante el clima de descontento y frustración que las últimas actuaciones de determinadas comisiones están provocando en el numeroso colectivo de profesores e investigadores afectados”.

Última hora: CSIF gana las elecciones sindicales del PDI de la Universidad de Granada

La LOSU y el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios

  • Aprobada la LOSU en el Congreso entrará en vigor en breve plazo
  • La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario supone para el PAS un texto poco ambicioso, muy generalista y que se limita a recoger lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

No obstante, desde CSIF nos congratulamos de haber conseguido incorporar al PAS en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que el Capítulo V se refiera íntegramente al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de las universidades públicas.

Además, se recoge por primera vez en el Artículo 90 la demanda planteada por CSIF de que “Este personal podrá desarrollar su Carrera profesionalmediante la progresión de grado, categoría, escala o nivel, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y con la remuneración correspondiente a cada uno de ellos, atendiendo a su trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos, la formación acreditada y la evaluación de su desempeño”. Asimismo, podrá desarrollar su carrera profesional, mediante el ascenso en la estructura de puestos de trabajo, atendiendo a la valoración de sus méritos, su grado de especialización y las aptitudes por razón de la especificidad de la función que desempeña y la experiencia adquirida.

Para CSIF resulta positivo que el texto incluya la posibilidad de establecer programas de incentivos para este colectivo, vinculados a sus méritos individuales y a su contribución en la mejora de la actividad que desempeña en relación con la docencia, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento o la gestión y prestación de servicios especializados.

Del mismo modo, se nos antoja interesante que la Ley recoja que “las universidades implantarán, asimismo, planes anuales de formación a lo largo de la vida” y planes plurianuales destinados a la movilidad, incluida la movilidad internacional.

La última redacción, diferenciando entre acceso y provisión, mejora un apartado que creaba confusión aunque, a nuestro juicio, sigue sobrando la referencia a la posibilidad de concurrencia de personal perteneciente a cuerpos y escalas de las Administraciones Públicas.

Por último, es de valorar que se refleje en el texto otra reiterada demanda de CSIF como es la recogida en la Disposición transitoria novena. Proceso de estabilización de las plazas del personal técnico, de gestión y de administración y servicios de las universidades públicas. Antes del 31 de diciembre de 2024 y conforme a lo establecido por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, las universidades públicas deberán articular procesos de estabilización de las plazas de su personal técnico, de gestión y de administración y servicios. El sistema de selección en estos procesos será el de concurso o concurso-oposición garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. Estas plazas no computarán en la tasa de reposición de efectivos.

No obstante, CSIF rechaza los recortes al peso del PAS y del PDI no permanente en el Claustro.Aumenta la representación de los estudiantes a costa de estos dos colectivos (tendrán que repartirse un escaso 24%) que vuelven a ser nuevamente maltratados en la LOSU. Sin embargo, al final, hemos conseguido recuperar el representante del PAS en los Consejos Sociales de las universidades.

CSIF insiste en reclamar condiciones laborales dignas para los investigadores postdoctorales Margarita Salas y María Zambrano

  • El sindicato pide a los rectores que se les abone la cuota patronal, los complementos por antigüedad y las subidas salarialescorrespondientes
  • El TSJ de Castilla y León ha concluido que los afectados no deben sufrir ningún tipo de recorte en su salario para pagar la cuota patronal y califica de “nula e injustificada” esta práctica
  • La Inspección de Trabajo de Valencia ha considerado ilegal el descuento de una parte de las ayudas Margarita Salas y María Zambrano para sufragar la cuota patronal
  • La Universidad de Córdoba (UCO) ha anunciado que mejorará económicamente las ayudas Margarita Salas y María Zambrano

Recordamos que, una vez creadas en 2021 las ayudas por el Ministerio de Universidades, cada universidad se encargó de elaborar su propia convocatoria de ayudas y de definir su relación contractual con los beneficiarios por lo que muchas contemplaron que la cuota patronal fuera deducida del importe bruto mensual que reciben los beneficiaros. Ese fue el caso de, entre otras,  las universidades de Córdoba, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada o Politécnica de Valencia.

Por el contrario, otras universidades públicas (Salamanca, Cantabria, Politécnica de Madrid o Carlos III), se ciñeron a la legalidad y tuvieron a bien respetar el bruto de la convocatoria del Ministerio de Universidades o compensar los salarios de sus investigadores mediante ayudas propias o reducir las retenciones de IRPF.

Esta bochornosa situación está provocando renuncias y reclamaciones sobre los derechos laborales de los investigadores. Recientemente, la Inspección de Trabajo de Valencia ha considerado ilegal el descuento de una parte de las ayudas Margarita Salas y María Zambranopara sufragar la cuota patronal. Y es que a nadie se le escapa la merma y el perjuicio económico para los investigadores (llega a representar más del 30% de su salario), además de sus connotaciones negativas, ahora y en el futuro, respecto a sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Por su parte, el TSJ de Castilla y León ha dado la razón a 80 investigadores de la Universidad de Valladolid y reconoce que los trabajadores tienen derecho “a cobrar íntegramente” las cantidades brutas estipuladas por el ministerio en la oferta inicial. Aclara la sentencia judicial que los afectados no deben sufrir ningún tipo de recorte en su salario para pagar la cuota patronal y califica de “nula e injustificada” esta práctica.

En la confianza de que esta situación no vuelva a producirse en futuras convocatorias y para acabar con el agravio comparativo y evitar perpetuar una injusta situación laboral, CSIF  pide a los rectores que se les abone la cuota patronal, los complementos por antigüedad y las subidas salariales correspondientes.

El sindicato independiente informa que la Universidad de Córdoba (UCO) acaba de anunciar que mejorará económicamente las ayudasMargarita Salas y María Zambrano haciéndose cargo de parte de los costes laborales que hasta ahora se estaba repercutiendo en los investigadores.

El Ministerio de Ciencia e Innovación publica la convocatoria para obtener el certificado R3 como personal investigador establecido

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde el 20 de marzo hasta el 13 de abril de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular).

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha publicado por primera vez la convocatoria para obtener el certificado R3 como personal investigador establecido.

Os facilitamos Enlace a la convocatoria y Enlace a la ficha de la convocatoria

El certificado R3 se tendrá en cuenta a los efectos de su valoración como méritos investigadores en dichos procesos selectivos, y se proyectará sobre las pruebas o fases de valoración del currículo del personal investigador que forme parte de estos procesos, de forma que tendrá efectos de exención o compensación de parte de las pruebas o fases de evaluación curricular o equivalentes, para todas las Administraciones Públicas.

La finalidad de esta actuación es valorar la carrera de investigadores nacionales y extranjeros en el marco de un itinerario postdoctoral de acceso al Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación, de manera que ello permita reconocer su calidad e independencia investigadora y, cumpliendo con el perfil europeo de investigador establecido (R3), la obtención de la certificación R3 como investigador establecido.

Para que tengáis más información sobre el tema, os adjuntamos enlace https://www.youtube.com/watch?v=0Jz95wrJyOs  al recientemente celebrado Webinario R3 de la Agencia Estatal de Investigación.

La LOSU no beneficia al Personal Docente e Investigador de las universidades públicas

  • Aprobada la LOSU en el Congreso entrará en vigor a los 20 días de su inminente publicación en el BOE
  • Recoge un plazo de seis meses para que el Gobierno presente un proyecto de ley del Estatuto del PDI

Promueve la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que fomentará duplicidades y frenará la movilidad, incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos.

Ni resuelve la temporalidad ni asegura la estabilidad. No ofrece garantías de continuidad, ni financiación específica para la estabilización lo que hace imposible llegar al 8% de temporalidad. El paso de los Asociados a contratos indefinidos no es una estabilización real y efectiva.

Fomenta la laboralización de las plantillas en detrimento de los cuerpos docentes universitarios (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad).

Cronificará la precariedad generando problemas a Asociados, Ayudantes Doctores, Visitantes y Sustitutos. Al topar a 120 horas, habrá problemas con la docencia y reducción de retribuciones para los profesores Asociados. Genera temor a despidos masivos en los concursos.

La ausencia de un marco común en las acreditaciones acabará con la homogeneidad en la evaluación del PDI funcionario. En las acreditaciones y sexenios de laborales y funcionarios no habrá unidad de criterio y serán evaluaciones distintas. Hace necesario un RD de acreditaciones.

Blinda la “tasa de reposición” para el PDI lo que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas.

Ignora a los contratados predoctorales, ningunea a los investigadores posdoctorales y minusvalora la importancia de la investigación en las universidades.

No hay una carrera académica clara, ágil y predecible. Se tardarán muchos años antes de llegar a conseguir una plaza de funcionario o laboral indefinido lo que dificultará la urgente renovación de las plantillas. 

No mejora el sistema retributivo del PDI. Ni hay complemento de calidad docente ni se incentiva al profesorado. Persiste en un sistema retributivo adicional individualizado de evaluación permanente. Habrá diferencias retributivas entre laborales y funcionarios.

Dilata elementos  claves para docentes e investigadores al desarrollo posterior de un Estatuto del PDI que nacerá encorsetado y condicionado por la LOSU.

No existe una transitoriedad real en su aplicación lo que resta la necesaria seguridad jurídica y afectará negativamente a la estabilización y a la carrera académica del PDI.

Sobran los motivos para rechazar la LOSU

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobada de manera definitiva en el Congreso y entrará en vigor a los 20 días de su inminente publicación en el BOE

Considerada por la inmensa mayoría como “una oportunidad perdida”, la LOSU ha sido calificada negativamente por todos los colectivos universitarios: profesores, investigadores, personal de administración, estudiantes, rectores, sindicatos, consejos sociales, etc.

Para CSIF, no va a resolver los problemas de la universidad del siglo XXI pero, además, desvertebra el Sistema Universitario Español al haber estado centrada en concesiones a los socios independentistas del Gobierno de coalición, resulta de imposible cumplimiento al no ir acompañada de financiación y afectará negativamente al funcionamiento de las universidades ya que generará incertidumbre e inestabilidad.

¿Cuáles son las señas de identidad de la LOSU?

Realizada sin negociación y sin consenso: sin el acuerdo de la comunidad universitaria, sin el compromiso de las comunidades autónomas, sin el refrendo sindical, sin los informes del Consejo de Universidades y del Consejo de Estado.

Desregula aspectos importantes y se convierte en una ley de mínimos. El Ministerio de Universidades, las CCAA y las universidades tendrán que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de decretos, normas y reglamentos.

Planteada sin compromiso de financiación: el objetivo del 1% del PIB es una mera declaración de intenciones, no presenta Memoria Económica, incrementará los costes y no recoge financiación ni partidas presupuestarias concretas para estabilización o renovación de plantillas de PDI y PAS.

Fragmentará en 17 el Sistema Universitario Español: cada comunidad autónoma presentará diferentes y variadas tipologías de profesorado, de becas, de acreditaciones, de tasas, de estatutos, de claustros, favoreciendo las desigualdades y la falta de equidad y homogeneidad.

No atiende las necesidades de la sociedad: no incrementa la participación de la sociedad en las universidades, renuncia a superar la falta de transparencia y rendición de cuentas y disminuye las competencias de los Consejos Sociales .

Elude la necesaria reforma y modernización de la gobernanza: hay un presidencialismo excesivo, implica déficits democráticos y generará incertidumbre y crisis institucionales en el medio plazo.

Ningunea a los investigadores posdoctorales y minusvalora la importancia de la investigación que se realiza en las universidades (cerca del 80% de la investigación que se hace a nivel nacional) a la que inexplicablemente dedica muy pocos artículos.

Fomenta la politización de las universidades permitiendo en el artículo 45.2 g el posicionamiento político e ideológico de los claustros y acabando con la neutralidad en los campus.

No hay una estrategia real de internacionalización, no promueve la empleabilidad, ni el emprendimiento, ni el mecenazgo.

Limita la autonomía universitaria al otorgar a las Comunidades Autónomas la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT,s) de PAS y PDI.